El proyecto de Javier Milei no solo apunta a recortar derechos laborales: también prepara el terreno para que el inevitable conflicto se resuelva en tribunales diseñados a medida. Aunque desde el Gobierno insisten en que la reforma reducirá la “industria del juicio”, el texto que hoy discute el Congreso parece empujar en la dirección contraria: más litigiosidad, más judicialización y un nuevo esquema institucional para controlarla.

En el oficialismo y en el mundo empresario que lo respalda saben que la reforma no va a disminuir los juicios laborales. De hecho, el objetivo no sería evitarlos, sino redireccionarlos hacia un fuero nuevo, más pequeño y políticamente alineado. Mientras el Gobierno intenta instalar una fe de erratas poco creíble alrededor del artículo 44 —que recorta salarios por enfermedad— para correr el eje del debate, un punto central quedó fuera del foco: el artículo 91, que impulsa el traspaso del fuero Laboral Nacional a la ciudad de Buenos Aires. El paquete se completa con una lógica clara: menos derechos, más conflictos, y jueces y fiscales afines para blindar el nuevo régimen, incluso con un avance sobre el derecho a huelga.

Si el Congreso convierte el proyecto en ley, la judicialización sería inmediata. No solo por el conjunto, que choca con el principio de progresividad de derechos vigente desde 1994, sino también por cada recorte concreto que introduce en sus 213 artículos. Milei, sin embargo, tiene un antecedente reciente a favor: a fines del año pasado, la Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de la Reforma Previsional de Mauricio Macri de 2017, una norma que redujo jubilaciones y significó un retroceso en materia de derechos. El aval de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti funcionó como un mensaje político: que el máximo tribunal podría convalidar también un esquema regresivo como el que impulsa el Gobierno. Aun así, la creación de un fuero nuevo sugiere que el oficialismo no quiere depender de llegar hasta la Corte: busca que la desprotección se garantice desde el primer escalón judicial.

La demora del tratamiento de la reforma, desde fines del año pasado, le dio margen al Ejecutivo para avanzar en paralelo con un acuerdo clave: la transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad. El documento fue firmado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Justicia porteño Gabino Tapia el 9 de febrero de este año, apenas tres días antes de que la iniciativa se debatiera en el Senado. El texto, según se reconstruyó, llegó al despacho de Victoria Villarruel solo 48 horas antes de la sesión, por lo que no fue parte del debate en comisión y terminó incorporado en alguna de las múltiples versiones del proyecto.

¿En qué consiste el acuerdo entre Nación y CABA? En que, de aprobarse, los juicios laborales pasarán a resolverse en un fuero porteño que todavía no existe. Hoy, la Justicia Nacional cuenta con 80 juzgados de primera instancia y una Cámara de Apelaciones con 10 salas integradas por tres camaristas cada una. La intención oficial es reemplazar ese esquema por apenas 10 jueces y 2 salas laborales en la Ciudad, surgidas de concursos exprés que prometen cerrarse en menos de seis meses. Los concursos ya comenzaron, con listas de inscriptos, pero sin resultados definidos. En los pasillos judiciales porteños, sin embargo, nadie ignora que la mayoría de los cargos se resuelven más por acuerdos políticos —entre padrinazgos radicales y peronistas— que por criterios de mérito.

El panorama actual ya muestra un sistema tensionado: en el fuero Nacional hay 30 juzgados vacantes y una sala completa sin cubrir. La pregunta es obvia: ¿cómo se reemplazarán 80 juzgados por 10, y 10 salas por 2? Incluso si el traspaso incluyera únicamente causas laborales, el cuello de botella sería inevitable. Para muchos, no se trata de un problema accidental, sino del resultado buscado: trabar, ralentizar y desincentivar reclamos.

El propio acuerdo admite lo que públicamente niegan los voceros libertarios. El texto da por hecho que habrá un gran “volumen de causas que se inicien en el Fuero de Trabajo” porteño y promete tomar “todas las medidas legislativas, administrativas y operativas necesarias para asegurar la adecuada prestación del servicio de justicia”. Es decir: reconocen que los juicios se van a multiplicar, pero pretenden que queden administrados por un fuero construido rápido y a medida.

La transferencia incluye además una cláusula que apunta a vaciar el fuero Nacional: el Estado se compromete a “no promover nuevas designaciones -ni impulsar aquellas que se encuentren en trámite-”. En la práctica, se trata de congelar nombramientos, cerrar juzgados por desgaste y dejar sin funcionamiento a una estructura que fue creada por ley nacional. El resultado sería una destitución encubierta de magistrados que concursaron y fueron designados con aval del Congreso, reemplazados por un esquema definido por un acuerdo político entre Nación y Ciudad: entre Milei y Jorge Macri, en una maniobra que para numerosos especialistas no resiste análisis legal.

El desguace también incluye una reconfiguración interna: varias competencias del fuero laboral nacional pasarían al fuero federal, que no es lo mismo. Allí entrarían las negociaciones colectivas, las medidas de acción sindical, los conflictos vinculados a sindicatos, pleitos por inspecciones laborales y aplicación de multas, y causas donde el Estado Nacional sea parte. El mapa completo apunta, en los hechos, a disolver un fuero entero.

En tiempos de Macri, el discurso se enfocaba en la supuesta “mafia de los abogados laboralistas”, con Héctor Recalde como figura central de esa narrativa. También se atacaba a jueces como Enrique Arias Gibert y Graciela Marino por decisiones como la homologación de una paritaria bancaria. Milei, en cambio, va un paso más allá: no se limita a cuestionar el sistema, sino que impulsa directamente su eliminación para reemplazarlo por otro.

La Corte vuelve a jugar un rol clave. El acuerdo Milei-Macri se apoya en el fallo Levinas como sustento jurídico. Se trata de la sentencia por la cual Rosatti, Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda —en su último día como juez— habilitaron una salida favorable para otro Macri, Mauricio, en el caso Correo. Ese fallo determinó que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño sea la instancia de apelación de causas de la Justicia Nacional asentada en CABA. Para que no se viera como una medida diseñada exclusivamente para el expediente del Correo, se tomó como caso testigo el del periodista y marchand Gabriel Levinas, acusado de haber robado cuadros del artista León Ferrari. Levinas perdió en todas las instancias nacionales y buscó llevar el caso a la Justicia porteña. La Corte le dio la razón, y luego extendió esa lógica al expediente Correo, que también acumulaba resoluciones adversas en la Justicia Nacional.

Ahora, con el acuerdo de traspaso, el objetivo es que el TSJ porteño sea también la máxima instancia en materia laboral. Esto ocurre pese a que el fallo Levinas provocó una rebelión inédita: jueces de distintos fueros se negaron a cumplirlo y dejaron asentadas objeciones por escrito. En ese marco, se registraron cuestionamientos explícitos con frases como: “La Corte Suprema decidió dictar una decisión que trastoca por completo el sistema constitucional argentino”. Incluso el procurador interino Eduardo Casal planteó reparos: si una causa nacional pasa a revisión del TSJ porteño, los fiscales nacionales ya no pueden intervenir y el interés público queda sin representación. El ejemplo más contundente vuelve a ser el caso Correo: al migrar el expediente a la órbita porteña, dejó de intervenir la fiscala Gabriela Boquin, quien había frenado la autocondonación de deuda y expuesto el entramado de vaciamiento empresarial. Si ese mecanismo funcionó en el fuero Comercial, el destino de las causas laborales aparece como un terreno todavía más sensible.

El TSJ porteño está presidido por Inés Weinberg, candidata de Macri para la Procuración General de la Nación cuando la alianza entre Cambiemos, Clarín, Comodoro Py y estudios de abogados de la city forzó la salida de Alejandra Gils Carbó. También integra el tribunal Santiago Otamendi, ex viceministro de Justicia durante el macrismo y señalado como operador del lawfare. Completan la nómina Luis Lozano, uno de los más alineados con la derecha local; Alicia Ruiz, considerada la más disidente del grupo; y Marcela De Langhe, designada en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta con el padrinazgo del radical Daniel “Tano” Angelici, uno de los principales operadores judiciales de la Ciudad. Su designación avanzó incluso pese a una denuncia por cobrar simultáneamente como jueza y como funcionaria, algo incompatible.

En la misma línea, el fiscal general porteño es Juan Bautista Mahiques, identificado como uno de los armadores del lawfare durante la presidencia de Macri, con vínculos tanto en sectores antikirchneristas como en espacios del propio kirchnerismo. Mahiques fue además uno de los viajeros a Lago Escondido invitados por el Grupo Clarín. En ese contexto, la reforma laboral incluye la eliminación del Estatuto del Periodista, lo que abre otro capítulo delicado: si el nuevo esquema judicial avanza, los derechos de los trabajadores de prensa podrían terminar dependiendo de una estructura donde las principales figuras tienen vínculos directos con sectores interesados en debilitarlos.