Estamos en un momento económico delicado, que nos obliga a todos a actuar y a aportar soluciones. Desde los municipios no manejamos la macro, pero podemos influir en la micro. Cada nivel de gobierno puede hacer algo a favor del trabajo. La salida (además de por supuesto ordenar la macro) es generar incentivos y propender a un Estado eficiente que se pone del lado de quienes producen y trabajan. Menos impuestos y tasas es más trabajo.

Una clave para poder bajar la presión tributaria es tener los números del Estado ordenados, una planta de personal acotada que permita dar servicios y hacer obras y, a la vez, profundizar el camino del alivio fiscal al sector privado para crear empleo. En Tres de Febrero tenemos un 37% de los gastos en salarios, cuando el promedio de los municipios en la provincia está en el 55%. Tenemos uno de los gastos salariales por habitante más bajos y esto nos permite mantener un buen ritmo de servicios, obras y, además, bajar impuestos. A modo de comparación, tenemos un tercio del gasto salarial de Avellaneda o la mitad del gasto salarial de Lomas de Zamora por habitante.

En la primera tanda de medidas del año pasado eliminamos 71 tasas y bajamos la tasa de seguridad e higiene a 1/3 de las pymes, modificando los umbrales de facturación. Mantenemos una de las alícuotas más bajas del conurbano y avanzamos en eliminar cuestiones burocráticas que generaban trabas, como la libreta sanitaria.

Luego avanzamos con una ordenanza de Trabajo y Producción que da créditos fiscales aplicables al pago de impuestos para los que crean empleo (un 50% del salario mínimo por seis meses), los que exportan, certifican calidad, capacitan recursos humanos o hacen una mejora ambiental.

El crédito fiscal para el que genera trabajo es algo valioso. En algunos municipios todavía se cobran tasas más altas, según sea mayor la cantidad de empleados, cuando debería ser al revés. Debería haber sistemas fiscales que incentiven la creación de trabajo.

Este año anticipamos el debate de la ordenanza fiscal impositiva para profundizar este camino. El 11 de agosto votamos –por unanimidad– una nueva reducción de tasas, eliminación de trámites, y consagramos las habilitaciones gratuitas. Esto significa que se elimina el gravamen para los comercios e industrias nuevos de todos los tamaños. Adicionalmente, bonificamos el derecho de construcción y la tasa de seguridad e higiene por un año. La idea es que sea mucho más fácil y sencillo arrancar un negocio del rubro o tamaño que sea.

Avanzamos con un proceso fuerte de simplificación para hacerle la vida más fácil al que quiere trabajar. Eliminamos 438 conceptos fiscales y más de 30.000 trámites. Cuestiones como pesas y medidas, marquesina y carteles, publicidad en sillas y mesas, inspección de natatorios, filmaciones en el espacio público o el costo económico para la habilitación de vehículos como remises o fletes. Incluso había algunas cosas que en la mirada actual me parecen ridículas, como cobrarle a alguien por dar de baja su comercio, pedir un libre deuda de una patente, la copia de un plano o abrir un expediente.

Esto que hacemos persigue varios objetivos: el primero es aliviar todo tipo de cargas, tanto económicas como burocráticas, a los que quieren invertir y trabajar. La sobrecarga de los tres niveles del Estado desincentiva la inversión. Buscamos que el empresario se dedique a hacer lo que debe hacer bien: un producto de calidad a un buen precio, generar trabajo y vender lo más posible.

A su vez, buscamos generar una sana competencia entre municipios para que el que vaya a invertir pueda analizar cuál es el distrito más hostil o más amigable para la inversión y el trabajo. En el Conurbano no hay fronteras, así que es simple instalarse a veces en un municipio o en otro. Sería importante que existiera un ranking o un monitor de tasas que permita comparar.

Como economista, creo que hay que alinear incentivos, eliminar sobrecargas al sector privado y que los tres niveles de gobierno deben colaborar. Lo hacemos no solo para apoyar a los que invierten y trabajan, sino también para potenciar una discusión nacional y provincial, porque creemos que esto mismo deben hacer provincia y Nación: simplificar, aliviar las cargas. Creo que en ningún municipio del país debería cobrarse por habilitar un negocio.

Me gustó mucho la nota que publicó Juan Carlos de Pablo en el diario La Nación, en la que dice que desde Tres de Febrero invitamos a “votar con los pies”. Remite a una teoría económica de Charles Mills Tiebout a propósito de los impuestos y de los beneficios que existen en cada municipio. No se trata de evadir impuestos y resoluciones, sino de eludirlas. Que si varios empezamos a incursionar en este camino, otros lo irán copiando.

Dice De Pablo que “aplaude la iniciativa porque redirecciona las energías del sector privado, del tiempo y los nervios necesarios para sobrevivir a la máquina de impedir”. Y agrega: “Lo mejor que nos podría pasar a los argentinos es que la iniciativa de Tres de Febrero fuera imitada por otros intendentes, porque si esto ocurriera, todos se beneficiarían sin necesidad de trasladar sus actividades desde el punto de vista geográfico”.

Todos ganamos si logramos un Estado y un gasto público sustentables, con impuestos que sean razonables en términos de la creación de trabajo. Es poner al Estado del lado de los que agregan valor, de los que levantan las persianas cada mañana y le ponen garra y creatividad. Es crear trabajo, y trabajo del bueno, porque es una manera de hacer más probable la formalización de cada uno de los emprendimientos comerciales o industriales.

Vía Perfil