A una semana de la media sanción en Diputados, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, mantiene sin enviar al Senado la ley que limita los decretos presidenciales. En la oposición denuncian que el oficialismo busca ganar tiempo para evitar un revés político antes de las elecciones.

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Pasaron siete días desde que la Cámara de Diputados aprobó con cambios la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), pero el texto sigue detenido en el despacho de su presidente, Martín Menem, sin llegar al Senado. En el bloque que encabeza José Mayans creen que el libertario “lo está durmiendo para impedirnos insistir con el texto original”.

La molestia en la oposición creció con el paso de los días. Este martes, desde la Secretaría Parlamentaria del Senado se comunicaron con sus pares de Diputados para pedir explicaciones. La respuesta fue que aún revisaban las actas de la sesión del 8 de octubre, supuestamente para evitar errores en los textos que debían ser girados. Sin embargo, no dieron plazos concretos para terminar esa tarea.

En el Congreso, la desconfianza es total. “Es evidente que están regulando los tiempos”, reconoció un senador de La Libertad Avanza, en una muestra de que la maniobra es conocida incluso dentro del propio oficialismo.

El plan libertario aparece claro: retrasar el tratamiento en el Senado para que un eventual veto de Javier Milei ocurra después del recambio legislativo del 10 de diciembre. El Gobierno espera contar entonces con más bancas y alcanzar el tercio necesario para sostener los vetos presidenciales.

Aun así, constitucionalistas como Margarita Stolbizer advierten que una norma de este tipo “no puede ser vetada” porque su contenido fija límites al Poder Ejecutivo.

Mientras tanto, el peronismo presiona para avanzar. El bloque de Unión por la Patria planea tratar este jueves en la comisión de Asuntos Constitucionales el proyecto de DNU que salió de Diputados. El objetivo es insistir con el texto original y llevarlo al recinto cuanto antes.

Pero la falta del envío formal del proyecto complica esa estrategia. En el Senado, la presidenta de la comisión, Alejandra Vigo, aseguró que apenas llegue el texto se convocará a dictamen. De todos modos, la comisión será citada para estar lista ante una eventual llegada.

Entre los senadores opositores no kirchneristas crece el enojo. Algunos propusieron enviar una nota de queja a Menem por lo que consideran una maniobra dilatoria. Pese al reloj en contra, aseguran tener las firmas necesarias en la comisión para avanzar con el despacho este mismo jueves.

La discusión ahora pasa por la fecha de sesión. Mayans impulsa convocar el jueves 23 de octubre, apenas tres días antes de las elecciones legislativas. Para aprobar la ley, la oposición necesita 37 votos. Unión por la Patria cuenta con 34 senadores, por lo que solo le faltarían tres para alcanzar el número.

Un triunfo opositor en esa fecha representaría un golpe político al Gobierno en la recta final de la campaña. Sin embargo, no está claro si todos los legisladores estarán presentes, ya que varios se encuentran abocados a sus propias contiendas electorales.

En el oficialismo ven esa posibilidad como remota. En La Libertad Avanza consideran improbable una sesión antes de los comicios y suponen que la discusión pasará para después de la votación.

Si el Senado aprobara la ley, el Ejecutivo tendría diez días hábiles para promulgarla o vetarla. Ese escenario ubicaría la definición ya en noviembre, cuando finalizan las sesiones ordinarias. Aún no se sabe si Javier Milei convocará a extraordinarias ni qué temas incluiría en el temario.

En este contexto, la pulseada entre Menem y Mayans refleja una nueva batalla por el control político del Congreso, con un oficialismo que busca ganar tiempo y una oposición decidida a no dejar pasar la oportunidad de limitar los poderes del Presidente.