Por Jorge Rivas, Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires (Confederación Socialista Bloque FPV), para Página/12

Su versión en negativo, sin embargo, la inseguridad, parece referirse solamente al miedo a ser víctima de delitos contra la integridad física y la propiedad. Naturalmente, la protección por parte del Estado contra esos riesgos, inevitables en todas las sociedades en mayor o menor proporción, forma parte del derecho a la seguridad, aunque no lo agote.

Los grandes medios de comunicación de masas sostienen en su discurso ese modelo de inseguridad, que agitan todo el tiempo, interesadamente. Los medios, y muchos dirigentes políticos. Todos quieren sacar partido del miedo que ellos mismos generan. Algunos, superficiales oportunistas, con meros fines electorales. Otros, porque saben que los ciudadanos asustados están más propensos a delegar cada vez más facultades en aquellos que se ofrecen para protegerlos del mal.

Las estadísticas internacionales revelan con claridad que el problema del delito no es en nuestro país más grave que en la mayoría de los demás países de la región. Por el contrario, es menos grave. Pero no es la verdad lo que les importa a los propagandistas del miedo. De cualquier manera, el problema existe, y el reclamo de vastos sectores de la sociedad es legítimo.

Lo que no es legítimo son las soluciones que proponen los actores que hemos señalado. Y tampoco es legítimo que finjan desconocer que si bien los factores que generan la expansión del delito son múltiples, el alto grado de desigualdad es reconocido como central por la totalidad de los criminólogos. El alto grado de desigualdad, o sea la cruel convivencia entre la ostentación de los que tienen todo en exceso y las necesidades elementales que padecen otros.

Entre las soluciones que proponen sobresalen la mano dura de las fuerzas paradójicamente llamadas de Seguridad, y el aumento indefinido de sus efectivos, de sus pertrechos y de sus facultades. Así, se estimulan la violencia institucional, el abuso de poder, el gatillo fácil, los crímenes que cometen represores armados contra ciudadanos y adolescentes indefensos. Crímenes que de ningún modo se justificarían si fueran cometidos contra culpables de graves delitos, pero que resultan particularmente aberrantes en la medida en que terminan con la vida de aquellos inocentes a los que las policías deberían precisamente proteger.

Los apóstoles de la mano dura, del meter bala a los delincuentes, quieren hacer retroceder la democracia hasta la negra época en la que esas fuerzas, militarizadas, participaban del gigantesco operativo de secuestro, tortura y desaparición del que fue víctima nuestro pueblo. Esa época, de la que tienen nostalgia algunos de los ideólogos del combate contra la inseguridad, fue precisamente la de mayor inseguridad en la historia del país, aun en la acepción limitada y arbitraria del término que se difunde por los medios.

De modo que no sólo no se trata de aumentar las facultades ni el número de las fuerzas policiales, sino, por el contrario, de subordinarlas realmente a los procedimientos democráticos. La reforma policial es una tarea, no por difícil menos necesaria, que nuestra democracia adeuda a la sociedad. En el estado en que se encuentran, no hay fuerza policial en el país que no forme parte del problema en lugar de formar parte de la solución.

Es por eso que la decisión del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, de poner en la calle 15.000 hombres más con uniforme, armas, facultades para detener personas por averiguación de antecedentes o por la presunta comisión de delitos, todo ello en el territorio de la policía bonaerense, difícilmente constituya un aporte a la seguridad general. Más bien es lícito temer lo contrario.