Uno de los sectores más afectados por la inflación del primer semestre de 2024. Aseguran que la delicada situación económica se ve reflejada en la malnutrición que sufren muchos adultos mayores.
En medio de la discusión entre el Gobierno y la oposición por el veto a la nueva ley de movilidad, se conoció que más de 5 millones de jubilados y pensionados se encuentran bajo la línea de la pobreza. El dato se desprende de estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad.
La cifra es alarmante y refleja la crítica situación económica que atraviesan los jubilados en Argentina, quienes se convirtieron en uno de los sectores más afectados por la fuerte inflación del primer semestre del año.
La delicada situación económica que atraviesan los jubilados
Según la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica de un jubilado rondaría los $800.000 mensuales, mientras que la jubilación mínima en agosto de 2024 fue de $225.497,54. Aún con el bono de $70.000, que eleva el ingreso a $295.000, continúa siendo un número muy por debajo de lo que se necesita en el país para cubrir los gastos básicos.
Incluso, aseguró que entre el 80% y el 90% de los adultos mayores sufren de hipertensión y problemas de colesterol, pero sus jubilaciones les impiden acceder a los alimentos necesarios para cuidar su salud. Además, este grupo enfrenta dificultades para comprar medicamentos y pagar servicios básicos como la calefacción, lo que contribuye a un deterioro general de su calidad de vida.
El Gobierno la ley de la nueva movilidad jubilatoria
El Ejecutivo anunció que Javier Milei vetará la sanción del Senado del proyecto de ley que aumenta las jubilaciones en un 8,1% y aseguró que esa norma «tiene como único objetivo destruir el programa económico«.
En un comunicado difundido en redes sociales, la administración del mandatario indicó que «el presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará».
Además, remarcó: «El Congreso Nacional en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implica necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años».