La coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú, analizó el caso de Facundo Castro, el joven de 22 años desaparecido desde 30 de abril en la localidad de Pedro Luro, y aseguró que “quien debe darnos las explicaciones es el Estado”.

Verdú sostuvo que “el propio Poder Judicial declinó la competencia a favor de la Justicia Federal, a partir de considerar, como dice textualmente la resolución, que hay elementos objetivos que permiten presumir que estamos ante una desaparición forzada de personas, con la intervención de la fuerza de seguridad, en este caso la policía Bonaerense”.

En ese sentido, explicó que “lo que se tuvo en cuenta es la declaración de tres personas que vieron cómo fue detenido por la policía y esa es la única imagen que se tuvo de él y la última noticia”.

La titular de CORREPI se mostró preocupada por todo el accionar policial durante los confinamientos que dispuestos por el Gobierno Nacional para combatir el Covid-19: “Hay 61 casos que tenemos registrados desde el 21 de marzo. Entre gatillos fáciles, muertes en lugar de detención, desapariciones forzadas, desapariciones forzadas y otras modalidades menores”, indicó.

Asimismo, aseveró que son “61 casos que hemos podido chequear, teniendo en cuenta que en esta situación de emergencia se nos complica bastante el chequeo. De los 61, 20 son de gatillo fácil, 32 son muertes en lugares de detención, 3 son desapariciones forzadas y el resto, femicidio de uniforme”.

Consultada por su opinión al respecto de por qué se manifestó esto durante el aislamiento obligatorio, Verdú, consideró que “tenemos una cuestión de fondo que es que la represión, con sus distintas modalidades: gatillo fácil, tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, etc, etc. Tiene que ver con los mecanismos de control social y disciplinamiento, que cualquier Gobierno necesita aplicar, particularmente en situaciones de excepción”.

Hay 61 casos que tenemos registrados desde el 21 de marzo

No obstante, manifestó que se requiere de mayor voluntad política para implementar medidas que frenen estas problemáticas: “Más allá de esta característica inherente al sistema capitalista de la represión, hay infinidad de medidas que cualquier Gobierno que tuviese la intención de mejorar las cosas podría tomar y por eso hace mucho que desde CORREPI militamos una agenda que es urgente”, afirmó.

En consecuencia, la titular de CORREPI contó que esa agenda consiste en “cuestiones elementales qe tiene que ver con el complimiento de la ley, que tiene que ver con el complimiento de condenas internacionales, como la que desde 2003 exige al Estado argentino terminar con las detenciones arbitrarias, o cuestiones como la portación del uso del arma reglamentaria fuera del horario de servicio; temas que tienen que ver con las modificaciones represivas de toda la legislación procesal penal”.

Por otro lado, Verdú se refirió al caso de Lucas Nahuel Verón, el joven de 18 años que fue asesinado por policías de la Matanza el fin de semana pasado, y expresó incertidumbres que se haga justicia y se condene a los criminales: “Los policías fueron detenidos y se está analizando su excarcelación. Pero no hay prisión preventiva decretada. Es lo que sucede sistemáticamente con este tipo de casos”, detalló.

En cuanto al caso judicial que investiga la tortura a una familia de la comunidad qom Fontana, Chaco, donde los policías inicialmente fueron detenidos y posteriormente fueron excarcelados. Verdú explicó que “lo único que se mantuvo como cierta forma de mostrar imparcialidad judicial fue el apartamiento de los 4 policías de sus cargos”.

“Hace muchos años nosotros decimos que si se aplicara al conjunto de la población sometida a causas penales los mismo parámetros que se emplean cuando se tratan de uniformados para decidir prisiones preventivas o excarcelaciones, los jueces y fiscales tendrían que tomarse un avión para ir a Hollywood a contratar a extras para que vengan y hagan de presos en las cárceles, porque no quedaría nadie”, concluyó.