La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo – Línea Histórica 2025, convoca a una acción de visibilización el próximo lunes 15 de septiembre a las 18hs. en el Congreso de la Nación para reclamar el rechazo de los DNU 61 y 62, que limitaron la ley de identidad de género. Este año, la 34 marcha del orgullo se realizará el sábado 1 de noviembre.

La acción de visibilización se realizará en la vereda del Congreso, sobre la Av. Rivadavia, y tiene por objetivo solicitar que en la próxima sesión se traten y rechacen los decretos 62 y 61/2025 y se restituyan de modo urgente los derechos de adolescentes travestis y trans al acceso a la salud y de las personas trans privadas de la libertad a la identidad de género.

Específicamente, el Decreto 62/25 modifica de manera anticonstitucional y anticonvencional el artículo 11 de la Ley 26.743, prohibiendo a las personas travestis y trans menores de 18 años acceder a terapias hormonales, incluso con el consentimiento de sus adultos responsables. Además, contradice el Código Civil y Comercial de la Nación, que reconoce el derecho de adolescentes a tomar decisiones sobre su propio cuerpo en cuestiones de salud y consagra el principio de autonomía progresiva. Este atropello motivo la presentación de amparos en la justicia, impulsados por el Frente Orgullo y Lucha, los cuales cuentan con el patrocinio letrado del Dr. Andrés Gil Domínguez y el asesoramiento de la experta Marisa Herrera.

Asimismo, el decreto 61/2025 pone en peligro a las personas travestis y trans privadas de libertad que no hubieran realizado el cambio de nombre y sexo registral en su DNI, una medida directamente ilegal que va contra lo prescripto en el artículo 12 de trato digno de la citada ley.

Estos decretos fueron emitidos luego de las masivas marchas del orgullo antifascista y antirracista del 1ro. de febrero de este año, que se realizaron en ciudades de todo el país y el exterior, para repudiar los ataques a la comunidad LGBTI+ que el presidente Milei realizó en el foro económico de Davos. Ambas medidas constituyen una escalada en los ataques del gobierno contra nuestra comunidad y deben ser rechazadas por el congreso.

Además, los mencionados DNU constituyen un retroceso inadmisible en materia de derechos humanos y una violación al principio de progresividad y no regresión consagrada en la Constitución Nacional y en tratados internacionales y se dictaron sin cumplir con los requisitos constitucionales de necesidad y urgencia, usurpando funciones del Congreso y violando el principio republicano de división de poderes.