Por Alejandro Grimson, antropólogo, Conicet/Idaes-Unsam, para Página/12

Las declaraciones de Mauricio Marci y de su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, acerca de la situación del Parque Indoamericano y la culpabilización a los inmigrantes de países limítrofes nos retrotrae a debates de los años noventa o a las políticas de la dictadura militar que parecían superadas. Desde Menem y antes Videla, ningún funcionario de tan alto rango hizo una declaración tan cargada de xenofobia. La dictadura impuso una nueva ley de migraciones, que acompañó con políticas xenófobas que perseguían a la población de Bolivia, Paraguay y otros países latinoamericanos. Desde 1983, con el nuevo período democrático, no hubo declaraciones ni acciones políticas gubernamentales que atacaran a los inmigrantes, excepto durante el gobierno de Carlos Menem. El propio Menem, el gobernador Duhalde, el canciller Di Tella, el jefe de Migraciones, el jefe de policía, en diferentes circunstancias, realizaron declaraciones xenófobas que los investigadores argentinos coleccionamos y analizamos durante quince años.

Esas declaraciones afirmaban que los problemas sociales y de inseguridad eran producto de una “nueva ola migratoria” desde Bolivia, Perú y Paraguay. Analizando los censos desde 1869 hasta el de octubre de 2001 inclusive, demostramos que esa “nueva” inmigración nunca existió. El porcentaje de migrantes limítrofes en el país se mantuvo todo este período en alrededor del tres por ciento. Lo que hubo fue una utilización de los migrantes como chivo expiatorio de las consecuencias dramáticas de las políticas neoliberales. Puesto que, según rezaba la dirigencia neoliberal, ingresábamos al primer mundo, la Argentina tenía que tener sus turcos como Alemania, sus mexicanos como Estados Unidos.

Demostramos, además, que los argentinos tienden a ver muchos más bolivianos de los que hay en la realidad. Primero, porque cuando estaban en zonas fronterizas, los porteños y los medios porteños no los veían “en la Argentina”. Pero además porque consideran como extranjeros a los hijos argentinos de los bolivianos, también a los jujeños y, finalmente, a todos los que tengan alguna ascendencia indígena. Esto se debe a que la exclusión social, la desciudadanización neoliberal tendieron a extranjerizar a los pobres en general. Produciendo una gran paradoja: los descendientes de los pueblos que vivían en América antes de la llegada de los colonizadores son considerados por los más poderosos descendientes de los europeos como inmigrantes.

Frente a la crisis en que iba ingresando el país en 2000 y 2001, el discurso xenófobo iba perdiendo credibilidad. ¿Quién podía creerse que en vez de la convertibilidad y el remate del país los problemas venían de los bolivianos? Ni De la Rúa ni Duhalde en su presidencia realizaron declaraciones xenófobas.

En 2003-2004 el Congreso Nacional votó una nueva ley de migraciones que reemplazó a la Ley Videla. Es una ley democrática, que garantiza todos los derechos fundamentales a todos los habitantes del país y no sólo a todos los argentinos. Miles y miles de niños con problemas de documentación ingresaron al sistema de educación pública por esa razón, del mismo modo en que todos deben ser atendidos en los hospitales públicos sin importar su nacionalidad. Desde universidades de Estados Unidos vienen a estudiar hoy cómo pudo la Argentina tener una ley tan avanzada y democrática, que sería inviable políticamente en Estados Unidos.

Desde 2003 ningún presidente, pero tampoco ningún funcionario de alto rango, ni del oficialismo ni de la oposición, realizó una declaración como la de Macri, diciendo que hay “descontrol del avance de la inmigración ilegal”. Además, Macri afirmó que hay una “política descontrolada”, seguramente en alusión al plan de legalización más abarcativo que se recuerde, llamado “Patria Grande”. Por su parte, Rodríguez Larreta dijo que en la Argentina hay “una ley muy permisiva respecto de la migración: viene la gente y al poco tiempo de estar en la Argentina pide una vivienda, usurpa, después viene el juez que obliga al Estado a dar una vivienda”. Agregó que “es una lógica perversa”, “que lo único que hace es promover que venga más gente de los países limítrofes para usurpar terrenos y pedir viviendas. Tenemos que cortar eso”, agregó.

Lo que tenemos que cortar, de raíz, es la xenofobia de Macri y de Rodríguez Larreta. No hubo nada parecido en casi tres décadas democráticas, salvo Menem. Pretenden colocar a los inmigrantes causando un problema que sólo han provocado sus propias políticas o, mejor dicho, la inexistencia de las políticas de vivienda en la Ciudad. Y no sólo de vivienda. De paso, actúan igual que la derecha conservadora en todos los países del primer mundo. Están a tono.

Cuidado: van contra los que vienen desde países latinoamericanos como si no hubiera habido italianos y españoles, más de un Rodríguez, en las huelgas de inquilinos de principios del siglo XX en Buenos Aires. Pero también van contra nuestras leyes y contra nuestra Constitución. Mientras hablan de “hacer cumplir la ley” dicen que nuestra ley es errónea, demasiado democrática. La refundación de la xenofobia sólo puede hacerse sobre la falsificación de los datos sobre inmigración.