Por Marco Bastos – El sector del agro apoyó a Bolsonaro en 2018 y 2022 pero es el motor del crecimiento que Lula celebró al cerrar el año. Los límites de una alianza incómoda pero necesaria.
Lula necesita al agronegocio más que el agronegocio a Lula. Esta relación asimétrica recuerda que el líder brasileño puede mucho, pero no puede todo.
Necesita los dólares de las exportaciones agrícolas, de lejos el sector más dinámico de la economía brasileña. Este dinero sirve para financiar el Estado y las políticas públicas, pero también termina en las industrias y servicios en los estados donde la agricultura es importante.
Lo contrario no es cierto: la agricultura no necesita tanto a Lula. Por supuesto, si el gobierno consigue cerrar el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea y promueve la propaganda de que el agronegocio brasileño no es el villano del cambio climático deforestando la Amazonia, podría ganar muchos puntos.
Sin embargo, en las últimas dos décadas, el sector agrícola brasileño se ha convertido en el grupo de presión más importante en Brasilia. No hay Presidente brasileño que no tenga que besar la mano del sector.
Lula, como el animal político que es, obviamente lo sabe. El plan de reindustrialización recientemente anunciado, Nova Industria Brasil (NIB), puede tener muchos objetivos económicos nobles, pero también existe el cálculo político de que él, un antiguo líder metalúrgico del corazón industrial del conurbano de Sao Paulo, y el PT, un partido laborista, verán cómo su base de apoyo se erosiona a la medida que Brasil se vuelve menos industrial y más brasileños pasan a a trabajar en Ubers y Rappis en las ciudades, mientras que el campo se convierte en el motor económico del país.
El campo se está convirtiendo en el Brasil que funciona. El estado de Mato Grosso, en la zona sojera, ya tiene una renta por habitante superior a la de Río de Janeiro, la postal para los turistas y la antigua capital que esconde su decadencia económica detrás de la samba, la simpatía y los grandes clubes de fútbol.
La siguiente estadística muestra lo poderoso que es el sector de la soja en Brasil. El año pasado, Brasil exportó solamente de soja 125.200 millones de dólares. Mientras tanto, las exportaciones totales de los vecinos sudamericanos fueron las siguientes: Chile 86.900 millones, Argentina 61.400 millones, Colombia 45.000 millones y Perú 41.100 millones.
Un estudio del FGV-IBRE estimó que el 60% del crecimiento del PIB brasileño el año pasado provino de la agroindustria. En 2023, el PIB agrícola creció un 15%, mientras que la industria y los servicios estan estancancados. Para 2024, el banco Itaú prevé que el PIB de la agroindustria crezca sólo un 0,6%.
La ralentización se debe a la disminución de las cosechas como consecuencia del fenómeno climático El Niño. Malas noticias para los empresarios agrícolas. También malas noticias para el gobierno de Lula: menos dinero para que gaste el gobierno federal, en un presupuesto ajustado y con un Congreso en el que sólo el 20% de los miembros son de leales al PT. Habrá que ganarse al resto con dinero del presupuesto y apoyo a las elecciones municipales.
Pero el agro también tiene ideología y en ese punto, es un sector mayoritariamente conservador. La ministra de Planificación, Simone Tebet, proviene de un estado agrícola, Mato Grosso do Sul, y vio cómo su base de apoyo local se desplomó después de que decidiera apoyar a Lula en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales contra Jair Bolsonaro.
Tebet, una clásica figura de centro de derecha y afiliada a un partido centrista como el MDB, se convirtió en una «izquierdista» para muchos de sus antiguos votantes. No importa que Tebet fuera un miembro importante de la comisión de senadores que aprobó el impeachment de Dilma Rousseff en 2016. El agro apoyó a Bolsonaro en 2018 y 2022.
En la invasión de la Plaza de los Tres Poderes en Brasília, el 8 de enero de 2023, la Policía Federal investiga la implicación de empresarios del agro en la financiación y logística de la protesta para efectuar un golpe de Estado.
Un buen ejemplo de político portavoz de las narrativas políticas y de los intereses económicos del agronegocio es un ex ministro de Lula y ex miembro del Partido Comunista de Brasil: Aldo Rebelo.
Rebelo fue aliado de Lula en sus dos primeros gobiernos. Hoy es secretario municipal de Relaciones Internacionales de la ciudad de Sao Paulo, bajo la alcaldía de Ricardo Nunes, alineado con el bolsonarismo pero del mismo partido que Simone Tebet. Brasil, no lo entenderías.
A Rebelo no le gustan los anglicismos ni las ONG extranjeras. Dice que las ONG internacionales quieren apoderarse de la Amazonia brasileña y que la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, y la ministra de los Pueblos Originarios, Sonia Guajajara, son agentes del imperialismo norteamericano. Rebelo coincide con los militares en que debe ocuparse la Amazonía, algo para que el conglomerado sojero está dispuesto a colaborar, aunque a menudo falsifiquen documentos de propiedad de la tierra.
Estos hacendados son importantes resortes de poder local en los estados amazónicos. Bolsonaro ganó por amplio margen sus dos elecciones presidenciales en estos lugares.
Por definición, los países que exportan menos productos son más dependientes de la fluctuación internacional de esos productos. Este es cada vez más el caso de Brasil con los productos agrícolas.
Para contrarrestar la importancia política de la agricultura y reducir, aunque sea un poco, su influencia política, el gobierno lanzó la semana pasada el programa Nueva Industria Brasil (NIB). El programa brasileño se basa en políticas similares que Estados Unidos, Unión Europea y China han adoptado en los últimos años.
Los ortodoxos del libre comercio están desfasados. Como dice el economista de Harvard Dani Rodrik, una referencia en los campos del comercio internacional y la política industrial, hemos superado la etapa de la «hiperglobalización«.
El proyecto brasileño de reindustrialización forma parte del zeitgeist del momento, pero no son pocas las voces que advierten de problemas con iniciativas similares en gobiernos anteriores del PT, entre 2003 y 2016, con Lula y Dilma.
Un icono de los recientes intentos fallidos del PT de promover la industrialización en Brasil fue la Refinería Abreu e Lima, en el estado de Pernambuco. En 2003 se presupuestó en 2.300 millones de dólares y debía estar terminada en 2011. Las obras se interrumpieron en 2015 y ya habían costado 20.000 millones de dólares. Lula decidio retomar las obras.
Otro programa emblemático de los anteriores gobiernos del PT fue el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). En el PAC 1, bajo los gobiernos de Lula, sólo se concluyó ¼ de los proyectos. Bajo los gobiernos de Dilma, el PAC 2 finalizó el 36% de los proyectos. Guilherme Melo, economista allegado al PT, declaró al Financial Times que el PAC era «una herramienta de planificación que funcionó en el pasado».
En la rueda de prensa de presentación del programa, el presidente del BNDES, Aloisio Mercadante, de la vieja guardia del PT, llamó a los críticos ¨burros¨. La falta de apertura a ideas diferentes no es buena consejera en política.
Los críticos de la iniciativa, a los que los militantes del PT llaman rápidamente «neoliberales», afirman que el gran problema de las empresas brasileñas de todos los sectores es el costo del capital, es decir, los tipos de interés. Además, estas medidas de subvención de los tipos de interés para algunos sectores no serán capaces de reducir los tipos de interés para el total de la economía.
Estos economistas creen que la reducción de la deuda pública sería la forma de reducir los tipos de interés. Este es un debate de sordos, porque los militantes del PT piensan que el déficit fiscal y la deuda pública no son un problema. Brasil, como Sudamérica en general, tiene un grave problema: la productividad de la economía lleva 40 años estancada.
En el siglo XX, Sudamérica optó por un modelo de industrialización a través de la sustitución de importaciones, cerrando los mercados nacionales a la competencia y protegiendo a las empresas ineficientes.
En los países asiáticos que consiguieron industrializarse, el objetivo era aumentar la cuota de sus productos en los mercados mundiales en una estrategia impulsada por las exportaciones. How Asia Works, de Joe Studwell, es una buena lectura sobre el tema.
Un riesgo político ya detectado en columnas anteriores es que el tercer gobierno Lula quiera repetir las fórmulas fracasadas de las dos experiencias anteriores. En política industrial, estos errores podrían costar miles de millones de dólares. Brasil, con una deuda pública equivalente al 74% del PIB, no tiene mucho margen de maniobra.
