Parte de la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner, por la cual cumple prisión domiciliaria en Capital Federal, dicta “restituir los bienes ilícitamente obtenidos al Estado como legítimo propietario y reparar a la sociedad por los daños materiales y simbólicos”.

En ese sentido, el Tribunal Oral Federal N·2 deslizó la semana pasada el decomiso de distintos bienes a nombre de Cristina y -por herencia- de Máximo y Florencia Kirchner, para iniciar lo que será el objetivo de llegar al monto de $684.990.350.139,86, cifra a reparar. Entre esos bienes decomisados se encuentran 20 propiedades.

Se puede ver allí un inmueble ubicado en el Departamento III Lago Argentino, sobre la Avenida 17 de Octubre al 800; como así también las diez unidades que están sobre la calle Mitre al 500, en la ciudad de Río Gallegos.

A esto se agregan los bienes de los hermanos Kirchner en el Departamento III Lago Argentino. Entre ellos figuran terrenos adquiridos respectivamente en 2008 y 2007, cuyas ubicaciones refieren a grandes extensiones en las inmediaciones de El Calafate. Allí está, por ejemplo, el lugar donde se construyó el conocido Complejo Hotel Los Sauces.

LA POSIBILIDAD DE SUMAR OTROS INMUEBLES.

Todos estos inmuebles no alcanzan a cubrir la cifra a reparar. Por eso, el Fiscal Diego Luciani, identificado políticamente con Mauricio Macri (con quien se lo ha visto jugar al Pádel y al Futbol), analiza solicitar el embargo de otras propiedades y bienes a nombre de los Kirchner con el objetivo de llegar a la cifra mencionada.

El requisito para solicitar el decomiso de bienes es que hayan sido obtenidos luego del 23 de abril de 2004, ya que es la fecha en la cual el Tribunal adjudica el inicio de la actividad ilícita de la familia Kirchner.

En ese sentido, los 20 inmuebles mencionados en la medida del TOF 2 no es la lista final, sino un inicio, ya que hay un conjunto de propiedades que no son sencillos de someter a un decomiso porque están escriturados a nombre de personas jurídicas.

En esa lista se encuentra San José 1111, que es propiedad de Los Sauces SA, como así también el chalet de Río Gallegos donde también se la ha visto a Cristina en los últimos años.

El problema aquí es que dichas propiedades son parte de la causa Hotesur SA, que investiga a la inmobiliaria por operaciones de blanqueo junto a la firma hotelera y tendrá juicio oral el próximo año.

En ese sentido, tanto Luciani como su par Sergio Mola, analizan si incluir o no a San José 1111, también ateniéndose a las posibles consecuencias políticas que pueda tener solicitar embargar la propiedad en la que Cristina transita su prisión domiciliaria.

Es un secreto a voces en los pasillos de Comodoro Py que Sebastián Amerio, Secretario de Justicia de la Nación y principal operador judicial del gobierno, mantiene conversaciones con los fiscales transmitiendo la postura de que no conviene que Cristina se vaya de ese inmueble, ya que los bailes del balcón irritan a una porción social que ellos quieren cooptar.

A pesar de la duda sobre San José 1111, está claro que en las próximas horas habrá una segunda lista de inmuebles, a la que también seguramente se le agregará en los días siguientes una tercera e incluso una cuarta selección. Esto habla de la dificultad para llegar a la cifra estipulada, tema aparte en el debate por la realidad del enriquecimiento ilícito.

Más allá de esto, los bienes decomisados quedarán en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal será quien decida qué bienes quedarán dentro del patrimonio de dicho poder, cuáles pueden cederse a quienes lo soliciten con un fin social o cuáles pueden ser rematados.