La Cámara de Diputados transformó en ley el proyecto oficial que modifica el régimen de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, a fin de evitar que un trabajador que cobre la indemnización del sistema luego pueda recurrir a la Justicia civil. Fue sancionada en Diputados por 140 votos a 83. Casi toda la oposición sostuvo que perjudica a los trabajadores.

El jueves por la mañana, el diputado nacional de Unidad Popular Claudio Lozano habló con el equipo de LaNoticiaWeb en el programa radial “Pasa de Todo”, por la FM Diez57.

Para el oyente desprevenido, ¿qué es lo que se aprobó y por qué generó polémica?

Ayer se discutió un sistema que fue puesto en marcha en los 90 para atender la problemática de los accidentes laborales. Ese sistema tiene que ver con la existencia de un régimen que es el de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo que sobre la base de las contribuciones que realizan los empleadores respecto a la nómina salarial, se constituye un fondo en donde estas ART, de alguna manera, son responsables de cubrir las contingencias que en materia de accidentes se produzcan. Este es un sistema que ha venido funcionando muy mal, básicamente por tres razones. La primera porque en lugar de preocuparse por resolver la problemática de los accidentes, es decir, tratar de que no ocurran, prevenir y hacer las inversiones pertinentes para garantizar el medio ambiente laboral. Las ART son empresas que a su vez tienen como clientes a los propios empresarios que son los que por lo tanto les pagan, indudablemente la exigencia de la ART sobre la empresa es baja.

Esto hace que todo lo que tiene que ver con la prevención para que los accidentes no ocurran, efectivamente no ha tenido demasiada relevancia y la verdad es que el sistema que tenemos hoy, es un sistema donde las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo manejan un mercado de aproximadamente entre 15 mil y 18 mil millones de pesos al año que están concentrados prácticamente en la mitad en dos empresas. Paralelamente a esto ha habido en los últimos años un incremento en materia de accidentes. Que se expresa tanto en la cantidad de accidentes que tenemos, que están en el orden del millón de casos al año aproximadamente, que tienen que ver con el crecimiento de las muertes en accidentes laborales que entre 2003 y 2010 han tenido un incremento del 30%. Además del crecimiento de las jornadas laborales perdidas. Este aumento en materia de accidentes está, de alguna manera, asociada a la expansión del negocio de las aseguradoras cuya facturación ha crecido más de 1.300% los últimos años. Este régimen es el que se discutió ayer.

En lugar de terminar con él, porque francamente no sirve, porque es un régimen que lo único que resuelve es el tema de la rentabilidad de las aseguradoras y el problemas de los costos laborales de las empresas, lo que hay es simplemente una cosmética que intenta aumentar el precio que las empresas tienen que pagar por cada accidente, pero que no dice absolutamente nada sobre el tema de la prevención, sigue manteniendo los fondos de la seguridad social en manos privadas, sigue manteniendo el vínculo entre las ART y las empresas. Por lo tanto en lugar de replantear el régimen, terminando con la temática de los 90, lo que hace es maquillar el régimen existente sin modificarlo. En alguna medida lo que hace es retrotraernos al esquema propiciado en los 90, incluso eliminando la posibilidad de que el trabajador pueda recurrir a la justicia en caso de considerar que la indemnización que percibe no es la que corresponde.

Se suprimió la cuestión de la “doble vía”

Así es. En realidad es bueno dejar en claro que la “doble vía” no es tal, lo que ocurre es que cuando la indemnización sobre un daño no es la que corresponde, todo el mundo, no sólo pasa con los trabajadores, tiene la posibilidad de recurrir a la justicia. Acá lo que se trata, con la propuesta que hace el oficialismo y que se transformó en ley en el día de ayer, es especular con la necesidad de los trabajadores, ofrecerle un pago por única vez más alto que el que se está otorgando hoy, haciendo que para percibir ese pago deba renunciar a la vía judicial, que en realidad es la vía que siempre queda abierta si uno considera que el resarcimiento no es justo. Pero el tema de fondo acá es que se está diciendo “voy a pagar un poco más por un brazo que se pierde o por una muerte”, cuando la discusión real acá es como no se pierde ese brazo o la vida. Ese es el tema de fondo que el oficialismo se ha negado a discutir y que de discutirlo, obliga a replantear el régimen de ART.

Había otro proyecto de De Gennaro, ¿contemplaba más integralmente la situación?

El proyecto de De Gennaro es del bloque de yo presido, Unidad Popular. Es el proyecto que obtuvo dentro de los dictámenes de minorías mayor cantidad de apoyos, y efectivamente es una reforma integral que termina con el régimen de ART, que conforma un banco público, con los aportes de trabajadores y empresarios para el tema de atender y garantizar la cobertura integral a todos los trabajadores.

Al mismo tiempo establece algo que para nosotros es fundamental y que acá también está totalmente excluido de la discusión de la propuesta oficial que es la participación de los trabajadores al interior de los establecimientos en la cuestión de la salud laboral y el medio ambiente laboral. En este sentido nosotros proponemos la posibilidad de que existan delegados para la cuestión de la prevención y la salud laboral, electos para tal fin por parte de los trabajadores para que sean parte y representantes de los trabajadores en la discusión con la empresa respecto a lo que deben ser las condiciones y el medio ambiente laboral. No hay posibilidad de garantizar una adecuada consideración, tanto de las inversiones que la empresa debe hacer, como del medio ambiente laboral que se debe tener, como de las enfermedades que se deben considerar, si los trabajadores no están considerados en esa discusión.

Hay experiencias en este sentido, existen los comité mixtos hoy por ejemplo en la provincia de Santa Fe con representación de trabajadores y de empresarios que discuten las condiciones del medio ambiente laboral y que han dado muy buenos resultados, y que permiten reducir los infortunios y accidentes laborales. Eso es lo que está contemplado dentro de nuestra propuesta.

Ayer se dio algo curioso a nivel político, el PRO acompañó la iniciativa del FPV, ¿esto se había dado alguna vez?

En general cuando se trata de cuestiones que hacen al esquema de poder económico, que es el que de alguna manera permanece inalterado, estas cosas ocurren. Cuando se discuten temáticas que hacen al endeudamiento el Pro suele acompañar. Cuando se discuten cuestiones que tiene que ver con la reducción de los costos laborales y que es una vieja demanda de buena parte de lo más concentrado del capital en la Argentina, como la UIA con De Mendiguren a la cabeza que es expresión del grupo TECHINT y de buena parte de los grupos empresarios más importantes, vienen demandando esto que el gobierno les ha entregado.

Cuando aparece el poder económico en escena, es muy común que el FPV y el Pro voten juntos. Otro caso muy elemental en este sentido tiene que ver con la discusión de la libertad y la democracia sindical y la posibilidad de que los trabajadores puedan decidir quienes y cuales son las organizaciones que los representan, la posibilidad de que se pueda elegir delegados al interior de los establecimientos, las únicas dos fuerzas que limitan la posibilidad que se sancione la ley que permite la elección de delegados en los establecimientos son el FPV y el Pro. Y también esto tiene que ver con el hecho objetivo de que si esto ocurriese obviamente los trabajadores tendrían mucha más capacidad para incidir y decidir en la distribución de la riqueza.