La frustración de Luis Juez por haber quedado fuera de la Magistratura cuando ya se creía dentro, lo llevó a calificar de “trampa” la división del bloque de Senadores del Frente de Todos que lo hizo perder ese lugar. La palabra “trampa” define mejor a toda la política que tuvieron el PRO, los radicales macristas y la Coalición Cívica con relación al Poder Judicial.

El simpatizante de Elisa Carrió, Pepín Rodríguez Simón, está prófugo en Uruguay y será expulsado del Parlasur. El señor Pepín está prófugo porque no quiere responder la imputación de haber hecho trampa en el Poder Judicial. Parte de esa trampa fue justamente aconsejar el nombramiento por decreto de dos de los cuatro jueces que integran actualmente la Corte. Y de haber recomendado al titular de la Corte, Horacio Rosatti, el magistrado que ahora dio el golpe en la Magistratura para favorecer al macrismo.

El macrismo expulsó de la manera más repugnante a la Procuradora Alejandra Gils Carbó, con chantaje y aprietes. Un periodista de Clarin llegó a publicar el teléfono de una de sus hijas para atemorizarla. Consiguieron hacerle el juicio político al juez Eduardo Freiler con la complicidad de la Corte, que demoró en un trámite al legislador del Frente de Todos, mientras en la Magistratura, el macrismo aprovechaba su mayoría circunstancial y se apuraba a expulsar al juez. Otro periodista de Canal 13 hizo pública la escuela adonde asistían los hijos de Freiler y convocó a los padres de sus compañeritos a repudiarlos.

Pablo Tonelli, el representante del macrismo que presentó la denuncia contra Freiler, había entrado a la Magistratura también haciendo trampa, porque Anabel Fernández Sagasti había renunciado para asumir como senadora y debía reemplazarla alguien de su misma corriente política. No hay duda posible. Pero con manganetas sobre mayorías y minorías, o sea “trampa”, el macrismo metió a Tonelli.

Y junto con Freiler, hicieron saltar a los otros dos integrantes de la sala 1 de la Cámara Federal, Jorge Ballestero y Eduardo Farah porque rechazaron fallar en contra del empresario Cristóbal López, propietario de C5N. Para coronar la corrupción macrista, ahora se demostró que López era inocente. No les interesaba si era inocente o no. Lo que querían era que la Justicia lo apretara para que vendiera el canal y cerrara uno de los pocos medios audiovisuales crítico del macrismo.

Se cargaron a una sala completa de la Cámara Federal, y la reemplazaron con dos jueces afines designados a dedo, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, dos jueces de tribunales orales que no estaban en posición de saltar a la Cámara Federal y que ahora deberán ser reemplazados por jueces que tengan los antecedentes necesarios, aprueben los exámenes y luego sean designados por la Magistratura.

Al macrismo, –el PRO, los radicales macristas y la Coalición de Carrió– nunca le interesó la independencia del Poder Judicial, porque la derecha necesita el control del Poder Judicial como parte de su mecanismo de justificación y creación de sentido común.

Los movimientos populares asignan la buena respuesta a sus propuestas en la sociedad porque en general tienden a beneficiar a las mayorías. Eso para la derecha es populismo o demagogia. Pero básicamente, el discurso de los movimientos populares se asienta en su capacidad de resolver los problemas de las mayorías.

De hecho, tras la derrota en las elecciones de medio término, el Frente de Todos se lanzó a un debate autocrítico sobre la falta de medidas de tipo social de mayor intensidad para atenuar el impacto de la crisis que provocó la pandemia. Mientras el Frente de Todos se metía en esa discusión, desde el macrismo elucubraban los movimientos para avanzar sobre el Poder Judicial que finalmente ejecutó Rosatti.

En el sistema judicial que depende de la Corte Suprema hay cerca de mil jueces. Y en ese universo se han producido cerca de 250 vacantes. Y hay 50 de ellas que están en proceso de ser cubiertas. Pero de esas 50, desde que asumió Alberto Fernández, sólo fueron cubiertos, cinco cargos. En todos los demás fue imposible avanzar por el voto negativo de los representantes macristas en la Magistratura. La política de la derecha ha sido no aprobar jueces en determinados juzgados que consideran estratégicos a jueces que no controlen.

Junto con las corporaciones mediáticas, el macrismo necesita que los procuradores, los jueces y fiscales estén alineados en el dispositivo de convalidación ideológica de sus políticas. Donde el Estado interviene por una quiebra irregular, como en Vicentín, aparece un juez adicto que dice que es autoritarismo. Donde el Estado aplica una ley antimonopólica a una empresa de medios –donde el monopolio es muchísimo más tóxico que en otras actividades económicas–, aparecen jueces y hasta la Corte para decir que es censura dictatorial. Donde el Estado aplica políticas de distribución de la riqueza, aparece un juez para denunciar “corrupción”, como en el Plan Qunita o “confiscación”, como con cualquier ley que proponga un aporte extraordinario a las grandes fortunas.

De esta forma, el macrismo busca utilizar al Poder Judicial como la validación de una figura simbólica en la que distribución de la riqueza es igual a corrupción. Y lograr que cada vez que se hable de distribución, surja la sombra ominosa de la corrupción. Y al revés: que la sociedad crea que todos los que están contra la distribución de la riqueza están en contra de la corrupción. Un triste lugar para los funcionarios judiciales que aceptan jugar ese papel.