Un poco de historia. El presupuesto de 2018 elaborado calculaba la inflación en 15,7%. Al mismo tiempo, el Banco Central daba una cifra que variaba del 8% al 12% anual. A esta altura, está claro que las dos proyecciones del Gobierno han fallado. Hoy, solo los más optimistas hablan del 18. El resto se va al 20 y a hasta al 23. A principios de marzo, Mauricio Macri recibió un informe reservado del Indec que le advertía que la inflación de marzo rondaría el 2,3%. En los últimos días de la semana que pasó, recibió otro que le indica que la de abril sería aún mayor.
El ajuste de los precios relativos como los que necesita nuestro país deriva en procesos inflacionarios. Sabido eso, lo que se espera de un gobierno es un plan sólido para enfrentar la contingencia con medidas que permitan acotar su efecto nocivo sobre el bolsillo de los ciudadanos. Y esto es lo que no se percibe.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, habla como si fuera un comentarista de la realidad, su anterior oficio. La tarea de un ministro es otra. Debe para ello tener solidez técnica y volumen político. De esto último carece absolutamente. Y mucho menos después de la investigación periodística publicada por Noticias –que no fue desmentida– en la que se denuncia la calidad de evasor del ministro hasta el blanqueo de 2016, dispuesto por el actual gobierno.
Es difícil que quien tiene la mayoría de sus fondos en el exterior y fue hasta ayer nomás un evasor pueda ser reconocido como una persona de jerarquía moral para ocupar un ministerio, y mucho menos para el de Hacienda, que es el que precisamente se encarga, en última instancia, de velar por la recaudación fiscal.
Gente de ley. Semanas atrás hablamos de la muerte de Montesquieu, el padre de la división de poderes. Dos semanas después, Montesquieu ha vuelto a morir. La intervención de la jueza electoral María Romilda Servini al Partido Justicialista traspasó de manera dantesca los límites de nuestra democracia. Con frases como “la historia del peronismo se encuentra plagada de traiciones” y “el peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha” intervino el PJ, en un fallo de tono político y de notable inconsistencia judicial.
La jueza Servini es una jueza amiga del poder. De lazos fuertes con José Torello, apoderado del PRO y de Daniel Angelici, el operador de Macri en Comodoro Py, se mueve cómoda en las sendas del oficialismo. En 2016, propuesta por Juan Mahiques –representante del Poder Ejecutivo en el Consejo–, fue nombrada jueza subrogante electoral de la provincia de Buenos Aires, sumando así esta competencia a la nacional y a la de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el interior del PJ denuncian que existe un accionar conjunto entre el Gobierno y la jueza detrás de esta decisión. La designación de Luis Barrionuevo como interventor desinfla esa aseveración.
De todos modos, una oposición fragmentada sin la posibilidad de elegir un candidato en una gran interna es la clave que, según el oficialismo, necesitan para un Macri 2019. “Intervinieron para que estemos de cautelar en cautelar, mientras el PRO esté en plena campaña; y si logran que Barrionuevo se quede, buscan que el PJ no se presente a la unidad” –se quejan referentes opositores. Eso le serviría al Gobierno si ganase en primera vuelta, no es tan claro qué pasaría de haber segunda vuelta.
Elisa Carrió, uno de los eslabones más importantes de Cambiemos, arremetió otra vez contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. La relación (o no relación) de Lilita con el juez de la Corte comenzó alrededor de 2004 cuando Lorenzetti era candidato a presidirla, en un encuentro en el Instituto Hannah Arendt, en donde –aseguran desde el entorno del alfil de Cambiemos– no hubo una primera buena impresión. Desde ahí, Lilita denunció varios hechos que desembocaron en lo que es hoy: el pedido de juicio político del presidente del Máximo Tribunal.
Furia. El primer caso que enfureció a Lilita fue en 2013, cuando Cristina Kirchner lanzó la reforma judicial llamada “democratización de la Justicia” que buscaba modificar al Consejo de la Magistratura: se pretendía aumentar sus miembros, que fueran electos por elecciones populares y bajar las mayorías necesarias para remover jueces.
De haber prosperado, el kirchnerismo hubiera quedado con un exagerado dominio sobre el Consejo.
Jueces y camaristas se reunieron con los tapones de punta y le presentaron a Lorenzetti una carta en donde enumeraron todas las inconstitucionalidades del proyecto, que tenía, sin embargo, un punto que era oportunista, pero constitucional: le devolvía al Consejo la administración del presupuesto judicial, que pertenecía a la Corte. Lo que denunció Lilita es que el magistrado negoció con el kirchnerismo no modificar el proyecto a cambio de mantener la facultad de administrar el presupuesto.
En 2014 Lilita comenzó a investigar corrupción en la obra pública del Poder Judicial, en donde denunció que Lorenzetti mantendría una estructura financiera paralela, manejada a través del comité de inversiones, un ente que se creó bajo la órbita del Consejo y la Corte Suprema encargado de licitar las obras del Poder Judicial. En su pedido de juicio político sostiene que el magistrado vive en un departamento de Puerto Madero que “no incluyó como propio en el apartado ‘bienes inmuebles en el país o en el extranjero’”. El tercer punto de inflexión en la relación fue el fallo de la CSJN apenas asumido Mauricio Macri como presidente, que instaba al Gobierno a devolver 45 mil millones de pesos a las provincias. Esto fue, para Lilita, un claro mensaje de poder de Lorenzetti para “marcar la cancha”.
Nadie del Gobierno ha salido a respaldar a Carrió, como tampoco fueron muchos los que la acompañaron cuando, en sus albores, denunció los hechos de corrupción ocurridos durante el kirchnerato ante la inacción de muchos jueces y fiscales temerosos, ineptos y/o corruptos.
