El Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema envió al juez Jorge Gorini el monto final que deberán devolver Cristina Kirchner y los otros ocho condenados en el caso Vialidad. La cifra de base era de 86.085.463.548,25 pesos, determinada como el perjuicio ocasionado por la maniobra de corrupción. Ahora, se determinó que los nueve condenados deberán responder por $ 684.990.350.139,86.

Son unos 537 millones de dólares al cambio de este viernes.

El número se desprende del informe oficial que los peritos de la Corte con la intervención de dos profesionales en representación del Ministerio Público Fiscal, firmaron y remitieron al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) al que accedió Clarín.

“Se trata de un grave hecho de corrupción sin precedentes, cometido desde la primera línea del Estado Nacional”, se escribió en el fallo que en segunda instancia, confirmó la condena contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El daño ocasionado se estimó en ese momento en 85.000 millones de pesos, cifra ahora actualizada por la que los condenados deberán responder solidariamente. El cálculo inicial lo realizó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) cuando firmó la sentencia condenatoria el 6 de diciembre de 2022, y fue clave para determinar la gravedad del hecho, y en consecuencia explicaciones del pedido de decomiso.

Según la sentencia confirmada por la Corte, Cristina Kirchner fue responsable de haber priorizado el interés particular por encima del resguardo de los bienes del Estado. Encabezó, se sostuvo en el fallo, una maquinaria de corrupción que generó un perjuicio multimillonario a la sociedad en su conjunto.

En el caso se analizaron los 51 procesos licitatorios a través de los cuales Lázaro Báez fue adjudicatario del 86% de las obras viales que desde 2003 a 2015 el Estado nacional financió en la provincia de Santa Cruz.

El agravante es que el Grupo Austral cobró sobreprecios del 64% y la mitad de las rutas intervenidas quedaron abandonadas pese a que los contratos se pagaron.

Los jueces entendieron que era un beneficio imposible de cuantificar para quienes lo usufructúan -sobre todo con el paso del tiempo-, de “índole claramente financiero y cuya existencia resulta, a todas luces, incontrovertible. La contracara, y que aquí nos interesa resaltar, es que el Estado Nacional precisamente renunciaba a ese beneficio totalmente intangible e incuantificable y se lo transfería a un empresario privado”.

Estos beneficios indebidos que recibió Báez, “cuya traducción en un monto dinerario determinado resultó imposible de medir”, expresaron los jueces, “no deben soslayarse, ya que su consideración resulta indispensable para comprender la extensión del daño causado”.

En función del entramado de corrupción, el juez Jorge Gorini que ejecuta la pena, solicitó al Cuerpo de Peritos de la Corte que actualice el monto del decomiso. La cifra de base fue $ 84.835.227.378,05, que terminó superando los $ 684.000 millones.

Cómo se calcularon los U$s 537 millones

Según se explicó en el documento al que accedió Clarín, se analizaron las “resoluciones técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), supraentidad que nuclea a los 24 Consejos Profesionales en Ciencias Económicas de todo el país”.

Los peritos contables del máximo tribunal citó particularmente que la Resolución Técnica N°48 «Normas Contables Profesionales: Remedición de activos elaborada por el Consejo Elaborador de Normas de Contabilidad y Auditoría (CENCYA(.

Dicha normativa dispone la obligatoriedad de la “ de activos, estableciendo determinados procedimientos técnicos para su implementación”.

En base a los mismos se avanzó en el pedido del Tribunal que puso de base la cifra cercana a los $ 85.000 millones que fue el perjuicio determinado durante la sentencia condenatoria.

“Se está solicitando, puntualmente, actualizar una cifra global datada el 6/12/2022, sin otras especificaciones”, expresaron los peritos en el informe que ingresó el jueves por la tarde al Tribunal.