En el marco de las actividades por los 35 años del comienzo de la última dictadura, disertaron en Morón tres jueces federales relacionados con el juicio a Etchecolatz, el Primer Cuerpo del Ejército y la megacausa ESMA. Lucas Ghi manifestó un “firme compromiso con la lucha por la continuidad de los juicios”. Valoración de los procesos realizados en los últimos años y cuentas pendientes.
En la jornada previa al 24 de marzo, día en que el municipio de Morón llevó adelante la tradicional “Prueba atlética por la memoria, la verdad y la justicia” encabezada por el intendente Lucas Ghi y el diputado nacional Martín Sabbatella, y que convocó a más de 2500 personas, tuvo lugar en el teatro municipal una charla abierta a cargo de los jueces federales Carlos Rozanski, Daniel Rafecas y Sergio Torres, quienes llevan adelante juicios a represores de la última dictadura cívico militar.
Ante un auditorio con gran presencia de jóvenes y referentes de organismos de derechos humanos, los tres magistrados mostraron sintonía en la mayoría de sus dichos. Por ejemplo, mientras que Torres definió al siglo veinte como el de la muerte, Rozanski apuntó a la banalización del mal. La actividad – cuyo lema fue “el futuro habita en la memoria” - comenzó con un video institucional sobre la ex Mansión Seré y antes de las disertaciones el jefe comunal pronunció unas palabras de apertura.
“El Municipio, a través de la Dirección de Derechos Humanos y su equipo de investigación que lleva adelante el proyecto Mansión Seré, aportó pruebas como testigo en el juicio oral que se realizó por los delitos cometidos en Mansión Seré”, y agregó que “con todo esto, no queremos más que enfatizar la voluntad de seguir aportando todos los elementos que estén a nuestro alcance para esclarecer los delitos de lesa humanidad y manifestar nuestro firme compromiso con la lucha por la continuidad de los juicios con el objetivo de lograr justicia”. Ghi reiteró que “no puede haber democracia con impunidad”.
CENTROS CLANDESTINOS DE ZONA OESTE
La moderadora del encuentro, la directora de Derechos Humanos, Antonella Di Vruno, quien remarcó el interés de rescatar procesos locales, presentó a Daniel Rafecas como “de la casa”. El juez federal de instrucción está a cargo de la causa “Primer Cuerpo del Ejército” que ya lleva más de 120 represores procesados y mil víctimas judicializadas de unos 25 centros clandestinos de detención en Capital Federal y Provincia.
Reveló que desde la primera inspección ocular, en 2006, “teníamos mucha fe en que iban a terminar en sentencias condenatorias en los tribunales orales, ese escenario ya es un hecho”. Y adelantó, “tenemos las mismas expectativas para la semana que viene, cuando se brinde el veredicto del centro clandestino Automotores Orletti, y el mes entrante también tendremos sentencias del Vesubio”.
También mencionó que “esa secuencia no se detiene, en la segunda parte de la causa del Primer Cuerpo del Ejército está con un papel destacado el circuito represivo de la zona oeste, la subzona 16, con diez imputados”; en ese sentido comentó, “acá no se termina la investigación de la represión en zona oeste, seguimos tomando testimonios, y seguramente identificaremos a nuevos imputados, y es probable en haya un segundo juicio”. Uno de los aspectos en los cuales hizo hincapié fue en que los miembros de la Aeronáutica, a cargo de dicha subzona, emplearon mayor violencia sexual con las cautivas, y anticipó que ese será uno de los temas que desarrollará en los autos de elevación a juicio oral, hecho que podría darse para mediados de año.
EL ROL DEL ESTADO
Sergio Torres es el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, y fue quien elevó a tribunal oral la denominada megacausa ESMA, que incorporó actuaciones de otros países como España.
En su exposición recordó que fue el Estado el que cometió las violaciones a las leyes. “Cuando vemos peligrar la seguridad recurrimos al Estado para que nos cuide, pero qué ocurre cuando es el Estado el que te quiere matar, robar, te quiere secuestrar; en Argentina no había a quien recurrir”.
Además, señaló que “es la primera vez que en un país se juzga a todos los que intervinieron, se investigan todos los hechos; se usan los jueces que ya había, no hay estructuras judiciales creadas para tal efecto, no hay leyes penales ni procesales especiales para estos juzgamientos, esto le da entidad al proceso argentino y marca la superioridad ética”, aunque reconoció, “obviamente el sistema judicial no estaba preparado para afrontar lo que se empezó a ver a partir de 2003”.
Por otro lado indicó, “apareció con una fuerza probatoria única y masiva el testigo víctima, y los testigos fueron los motores de estos juicios”. Sobre el final de sus palabras, exhortó a que los derechos humanos estén por encima de la coyuntura política.
También existió un contrapunto con su colega Rozanski. Mientras Torres rescató la creación de la Conadep y la realización de los juicios por la verdad, el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata dijo más tarde: “Los juicios por la verdad significaron una bisagra importante, pero yo advierto algo sobre esto, tuvimos un juicio a las juntas que fue justicia, pero dejó de serlo con los indultos. No le sirve a la sociedad porque es un pésimo ejemplo porque esos indultos fueron a continuación de dos leyes que no permitieron juzgar 25 años”.
LA MOSCA BLANCA
Carlos Rozanski es juez de Cámara y presidente del TOCNº 1. Condenó, entre otros, al ex comisario Miguel Etchecolatz – con la connotación de la desaparición de Julio López - y al ex capellán Cristian Von Wernich y calificó los hechos que se juzgaron como “delitos de lesa humanidad” cometidos “en el marco de un genocidio” que hubo en Argentina entre 1976 y 1983.
En el principio de su charla planteó sus disidencias con cierto sector del Poder Judicial. Sin embargo admitió que se dio cuenta hace unos años “del verdadero cambio que se estaba dando en Argentina, cuando pasé parte de mi vida criticando y peleando en un sistema que considero injusto pese a llamarse Justicia”. Pero más allá de valorar la labor de sus compañeros de panel insistió con que “la reconversión institucional es esencial”, y calificó a la Justicia Federal como reaccionaria; “el paradigma actual de derechos humanos no es aceptado por una parte de los jueces”, concluyó.
En referencia a la banalización del mal del siglo veinte la vinculó con cuestiones como “amnistías, indultos, pretensión de reconciliaciones”, añadiendo complacido que “mientras en el resto del mundo funcionó, acá es el único país en donde eso no funcionó, y eso habla bien de nosotros”.
También incorporó al debate el trasfondo capitalista. “El tema del proyecto económico es fundamental, tiene que ver con las consecuencias del terrorismo de Estado en nuestras cabezas. Fue un proyecto económico que se tradujo luego en una decisión; se sabía que iba a haber un montón de gente que no iba a estar de acuerdo, y ahí se decidió exterminarla”.