“Nos oponemos a que la Corte reabra la causa por la que Farmacity busca instalarse en territorio bonaerense pasando por alto las leyes, y consideramos que todos los jueces deberían apartarse, ya que se trata de una situación atravesada por múltiples intereses que podría provocar un verdadero escándalo institucional”, sostuvo Lorenzino.

El Defensor del Pueblo hizo referencia a que el juez del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, fue abogado de la firma, por lo que no sólo su excusación sino la del resto de los miembros “debería tomarse como una medida preventiva ante posibles decisiones que pudieran comprometer la dignidad del cargo”.

También puso sobre la mesa el caso del vicejefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Mario Quintana, quien fuera fundador y titular del fondo de inversión Pegasus, dueño de la empresa. “Son dos los funcionarios de máxima responsabilidad institucional con relación directa en el caso”, expresó Lorenzino.

Esta postura tiene que ver con la presentación del organismo en la causa como amicus curiae, una figura que apunta a generar una mayor y mejor intervención de los actores sociales, con el fin de pluralizar y enriquecer el debate constitucional y fortalecer las decisiones jurisdiccionales de trascendencia institucional.

“Consideramos que las sentencias en juzgados provinciales contra la intención de Farmacity determinan que el hecho se trata de una cuestión local que no presentan requisitos para la intervención de la Corte”, precisó Lorenzino, quien agregó que en la Provincia la ley “prevé un sistema de farmacia que garantiza en el suministro de medicamentos con disponibilidad, seguridad, eficacia y expedidos por profesionales autorizados”.

Además, en esta actuación el Defensor del Pueblo pidió que, en caso de que el máximo tribunal decida abrir la causa, se convoque a una audiencia pública para que sea debatida, de modo que se garantice el derecho a la información y a la participación de los sectores que puedan verse afectados”.