Hace un mes, los intendentes del PJ bonaerense decidieron, como estrategia común, declarar en sus respectivos distritos la emergencia alimentaria, económica, social o Pyme, según cada coyuntura. Buscaban así tener una herramienta para reorientar recursos ante lo que consideraban una ayuda provincial insuficiente. Ahora, desde la Gobernación, salieron a cuestionar esa metodología.

Después de aquella reunión, varios partidos avanzaron ese tipo de sanciones en sus concejos deliberantes: Ituzaingó de Alberto Descalzo; Moreno de Walter Festa; San Martín de Gabriel Katopodis; y Hurlingham de Juan Zabaleta, sólo por nombrar los más gravitantes. En el interior también hubo ejemplos similares.

El encargado de bajarle el precio a esa modalidad fue el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano. En diálogo con la Agencia Télam, dijo que “esas declaraciones buscan un impacto político pero que no tienen efectos en la práctica”.

El funcionario de María Eugenia Vidal también rechazó las críticas de los jefes comunales por una supuesta falta de relación. “El canal de diálogo con los jefes comunales ya existe y es permanente, a veces de manera individual y otras incluso en grupo”, aseguró.

No obstante, López Medrano destacó que los caciques territoriales justicialistas del Conurbano demuestran “más responsabilidad” que en otras épocas, porque saben que “la intendencia es la primera ventanilla” que utilizan las personas para realizar un reclamo.

Por otra parte, para el Ministro, “no hay riesgo de que se produzca un estallido social” porque existe una “red” de instituciones trabajando “a diario para contener las necesidades de los más vulnerables”.

“No hay riesgo de que se produzca un estallido, hay una red muy grande de parroquias, centros comunitarios y comedores, sumados a Cáritas y los centros de primera infancia; trabajamos a diario para contener y cubrir las necesidades de los sectores más vulnerables”, enumeró. Desde esa cartera aseguran que la ayuda social se incrementó un 35% este año y hubo una reasignación de $1200 millones.