El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo reunió 37 de las 66 firmas del plenario de comisiones de Ambiente y Asuntos Constitucionales, con el respaldo de legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y representantes provinciales.
El oficialismo consiguió dictamen para avanzar con la modificación de la Ley de Glaciares y apunta a convertirla en ley en la sesión prevista para este miércoles en la Cámara de Diputados. El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo reunió 37 de las 66 firmas del plenario de comisiones de Ambiente y Asuntos Constitucionales, con el respaldo de legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y representantes provinciales.
En contraposición, Unión por la Patria y Provincias Unidas presentaron dictámenes propios de rechazo, dejando en evidencia la fuerte división política en torno a la iniciativa.
La discusión se da en un clima de tensión creciente. Organizaciones sociales, ambientales y sectores de la oposición convocaron a una movilización para este miércoles a las 17, desde 9 de Julio y Avenida de Mayo hasta el Congreso, bajo consignas contra lo que consideran una “flexibilización ambiental”.
Durante el plenario, también hubo cruces por la selección de expositores. Legisladores opositores cuestionaron que sólo fueran convocados funcionarios nacionales y representantes de provincias con actividad minera como Catamarca, Jujuy, Mendoza, San Juan y Salta, dejando afuera a especialistas propuestos por otros espacios.
Desde el oficialismo defendieron el proyecto con foco en el desarrollo productivo. El secretario de Minería, Luis Lucero, sostuvo que existe una “campaña del miedo” en torno a la reforma y relativizó el impacto de ciertos glaciares en la provisión de agua. En la misma línea, el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, planteó que la normativa actual ha frenado tanto la producción minera como los estudios sobre recursos hídricos.
Por su parte, gobernadores de provincias mineras respaldaron la iniciativa, destacando el potencial de generación de empleo, inversiones y desarrollo regional, aunque aseguraron que no buscan eliminar la protección ambiental vigente.
En la previa a la votación, un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) sumó polémica al señalar millonarias transferencias de fondos nacionales a provincias en los días previos a debates clave, lo que despertó cuestionamientos desde la oposición.
Con este escenario, la sesión de este miércoles se anticipa como un nuevo capítulo de alta tensión política, donde el oficialismo intentará convertir en ley una reforma que genera fuerte rechazo en sectores ambientales y parte de la oposición.
