El Gobierno estaría dispuesto a retirar a Aerolíneas Argentinas de la lista de bienes públicos destinados a la privatización, con el fin de asegurar la aprobación del artículo 7 del proyecto de Ley Bases. Este artículo permite al Poder Ejecutivo vender o concesionar una serie de siete empresas públicas, incluyendo al Correo Argentino y Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA).

Fuentes legislativas confirmaron que la exclusión de la línea aérea de bandera de la campaña privatizadora de Javier Milei solo se concretaría, si es necesario, en el recinto del Senado. Esto sucedería durante la sesión convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel para el próximo miércoles a las 10, donde también se discutirá la reforma fiscal propuesta por el Gobierno.

Todo parece indicar que la administración de Javier Milei tendrá que aceptar que no podrá privatizar la Aerolíneas Argentinas. El artículo relacionado con la línea aérea en la Ley Bases no cuenta con los votos necesarios para superar el debate en particular y, por lo tanto, podría ser modificado cuando se discutan los artículos específicos de cada proyecto.

Con el kirchnerismo en contra, alineando los votos de sus 33 senadores, ambas iniciativas llegan al recinto de la Cámara Alta muy cerca de la mayoría absoluta de 37 votos. Hasta ahora, el oficialismo en el Senado parece haber evitado el riesgo de rechazo y tendría asegurados 38 votos, provenientes de la UCR, Pro, partidos provinciales y peronistas dialoguistas, para aprobar en general los dos textos. En la oposición quedarían Unión por la Patria y el porteño Martín Lousteau (UCR-Capital), quien, como sucedió con el rechazo al DNU 70/23, votará en contra del resto del bloque de su partido.

Sin embargo, el panorama cambiará durante el debate en particular. Varios senadores de la oposición dialoguista han solicitado modificaciones en artículos y capítulos clave para el Gobierno, como el Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI). Algunos de estos cambios fueron aceptados por los negociadores del Poder Ejecutivo, por lo que ambos proyectos volverán a Diputados para una segunda revisión. No obstante, muchos otros cambios no fueron concedidos y corren el riesgo de ser modificados debido a una alianza circunstancial con la bancada kirchnerista.

El tema de las privatizaciones es un ejemplo de esta dinámica. En la semana previa a la firma del dictamen de la Ley Bases, el radicalismo apoyó la demanda de senadores de fuerzas provinciales de la Patagonia para eliminar del anexo I del proyecto, donde se enumeran las empresas públicas habilitadas para su venta o concesión, a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y los medios públicos que conforman Radio y Televisión Argentina (RTA).

El Gobierno resistió esta presión y logró que los proyectos obtuvieran dictamen sin modificaciones en capítulos importantes. Sin embargo, esto no significa que los intentos de modificar el proyecto hayan cesado. Las cifras manejadas por el entorno de la vicepresidenta y la Casa Rosada indican que, a tan solo tres días de la sesión, el artículo sobre privatizaciones no cuenta con los votos necesarios para superar el debate en particular.

Por esta razón, la solución sería ceder en la privatización de la aerolínea de bandera para poder mantener el resto de las empresas en la lista.

En este contexto, en el tablero oficialista se han encendido las alarmas en las últimas horas por el artículo 3, que contiene una amplia delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo. Esta cláusula enfrenta una fuerte resistencia de varios senadores de la oposición dialoguista y podría ser eliminada o modificada antes de que el texto sea enviado en segunda revisión a la Cámara de Diputados.

Algo similar ocurre con algunos artículos del RIGI. Varios senadores buscan extender los plazos de ingreso al régimen, ya que consideran que dos años es un periodo demasiado corto para atraer inversiones. También hay preocupaciones sobre disposiciones que, sospechan, podrían llevar a futuros reclamos judiciales por parte de fondos buitres debido a la posible incapacidad del Estado argentino para cumplir con los plazos establecidos para habilitar los proyectos.

La reforma fiscal también presenta desafíos. En el oficialismo asumen que perderán el artículo que restituye la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. A pesar de que, al cierre del debate en comisiones, el entonces recién designado jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cedió ante el reclamo del santacruceño José María Carambia y aceptó otorgar un trato preferencial a la Patagonia, elevando un 22% el mínimo imponible por zona desfavorable.

También corren serio riesgo de sufrir cambios en el recinto varios artículos del régimen de blanqueo de capitales. Uno de ellos es el que permite a ciudadanos extranjeros ingresar al régimen. Para muchos senadores, como Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), esto implica abrir la puerta para que personas involucradas en el narcotráfico y otras actividades ilícitas, o sus testaferros, puedan legalizar bienes adquiridos con el producto del delito.

La discusión sobre posibles cambios futuros se prolongará durante toda la semana, incluso mientras se lleva a cabo el debate en el recinto, tal como sucedió cuando ambas iniciativas fueron tratadas en la Cámara baja el pasado 30 de abril.

Antes de que las iniciativas lleguen al recinto del Senado, tendrán que pasar por una etapa crucial en la reunión de Labor Parlamentaria convocada por Villarruel para este lunes a las 18. Este encuentro será fundamental para determinar la duración de la sesión y, lo más importante, cómo se votará cada proyecto. La intención del oficialismo es que se vote por capítulos, pero es muy probable que deba ceder y que varios artículos se voten de manera individual.