La semana pasada, la Legislatura bonaerense logró resolver una de sus cuentas pendientes: completar los cargos pendientes de la oposición en el directorio del Banco Provincia, y también y la Defensoría del Pueblo. Además, logró el nombramiento de Federicio Thea como nuevo titular del Tribunal de Cuentas, mediante una reforma normativa.

Ahora, sin tiempo que perder, negociadores del oficialismo y oposición se pusieron a trabajar pensando en lo que viene. En los pendientes, aparecen algunos ítems claves.

Uno de los temas centrales será la designación de los representantes del cuerpo en el Consejo de la Magistratura. En Diputados, los tres consejeros titulares terminaron su mandato: Jorge D’Onofrio (ministro de Transporte provincial) y Facundo Tignanelli, por el FdT, y Sandra París, por JxC, que tenían como suplentes a Débora Galán, Susana González y Daniel Lipoveztky, respectivamente.

Es decir, son 6 las vacantes: 3 titulares y 3 suplentes, con la discusión centrada en la cantidad de consejeros que le toca a cada espacio político. El Frente de Todos, con 43 escaños en la Cámara Baja, es la primera minoría, por lo que le corresponderían dos consejerías titulares y sus respectivas suplencias; mientras que Juntos por el Cambio se quedaría con la restante.

Las distintas fuerzas dentro del Frente de Todos pugnan por imponer sus propios nombres. El Frente Renovador impulsa al exintendente de Miramar Germán Di Cesare, mientras que Mariano Cascallares, es el nombre que propone el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, con el respaldo de buena parte de los intendentes del PJ. Finalmente, La Cámpora tiene dos apellidos que pretende imponer: primero, Maite Alvado, y Susana González, quien responde al intendente de Ensenada, Mario Secco. Cuatro para dos lugares.

En relación con la Justicia, también deberán definirse los integrantes de la Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales.

Sabido es que la presidencia se reserva a un representante del oficialismo en Diputados, cuerpo que tiene siete sillones, mientras que el Senado aporta otros cinco.

Por otra parte, las diferentes bancadas deberán postular sus representantes para la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control para la Emergencia, que hasta diciembre último presidió el senador peronista Paco Durañona. Aunque las reuniones, a la que asisten ministros del Ejecutivo (especialmente el jefe de Gabinete) para brindar informes es de abierta participación.

Además de los temas mencionados, la Cámara de Diputados reflotaría la iniciativa de Cannabis Medicinal, que sería enviada a comisión luego de perder estado parlamentario.

El mismo camino tomaría la iniciativa del gobernador Axel Kicillof de transformar el Instituto Biológico «Tomás Perón» en Sociedad del Estado, resistido por los trabajadores y con planteos de la oposición.

Nada claro hay, hasta el momento, en referencia al cambio de régimen jubilatorio de los trabajadores del Banco Provincia, que provocó un cortocircuito entre el negociador de Juntos.

Por último, es poco factible que se designen los representantes políticos en el Consejo General de Cultura y Educación, integrado por diez miembros, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados: seis de ellos, por propia iniciativa, y los otros cuatro, a propuesta de los docentes en ejercicio.