Este viernes se presentó el Presupuesto 2023 en el auditorio del anexo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, toma relieve el dato de que el Presupuesto ingresará a la Legislatura por tercer año consecutivo en la Cámara de Diputados, cambiando la tendencia de ingreso por la Cámara de Senadores.

Cabe destacar que los trazos finales del Presupuesto y la Ley Impositiva 2023 se trabajan en el Ministerio de Hacienda y Finanzas que conduce Pablo López. En paralelo, intendentes y legisladores de la oposición elaboran una serie de propuestas para negociar cuando se abra la discusión en la Legislatura bonaerense.

Con menos margen para exigencias al propio espacio político, jefes comunales oficialistas acompañan algunas de las inquietudes emanadas desde Juntos y esperan, como siempre, que los municipios ganen más espacio en el reparto de los recursos. Un clásico a la hora del reparto de fondos.

Los gastos previstos para 2023 rondarán los 6 billones de pesos, una cifra que se condice con lo que se terminará por ejecutar este año (alrededor de 3,7 billones) más el 60% de inflación estimada para el próximo ejercicio por el Presupuesto Nacional. Tal como suele suceder, la provincia esperó las definiciones a novel nacional para saber con qué recursos cuenta. Entre ellos estará el Fondo de Fortalecimiento fiscal, lo que consolidará la posibilidad de realizar obras para los jefes comunales.

Entre los datos a destacar, se incrementarán los gastos de capital, con el foco puesto en la obra pública (no solo la dependiente de Infraestructura), que en 2022 representarán un 7% del Presupuesto y para el próximo ejercicio la intención es llevarlos a 8%.

En el Presupuesto 2023 se verá nuevamente una caída en intereses y pagos de deuda, pero volverá a cerrar con déficit primario y financiero. En ese sentido, la Ley de Leyes volverá a contar con un pedido de endeudamiento, además de renovar la autorización para el uso de las Letras de Tesorería, una herramienta vital para el Ejecutivo a la hora de financiar su rojo.

Según lo informado, se trata de un proyecto que buscará «reordenar las prioridades del Estado provincial, reforzando la inversión en las áreas esenciales y jerarquizando a la obra pública, con el objetivo de lograr una transformación estructural de la Provincia que permita cerrar las brechas en términos de infraestructura productiva y social existentes. Es por ello que la inversión en éstas áreas sostiene e incrementa su participación en el presupuesto  total, en detrimento de los servicios de la deuda pública, que pierden participación respecto del inicio de la gestión».

En tanto, se mantendrán los ejes prioritarios de presupuestos anteriores: el incentivo a la producción y el empleo; una importante inversión en infraestructura para el desarrollo y la integración de la provincia; sostenimiento y profundización de la inversión en Salud, Educación, Vivienda y Seguridad.

El único cambio es la inclusión de la perspectiva ambiental, que fue erigida por el gobierno bonaerense como un eje prioritario.

Una de las demandas de los intendentes, sobre la que ya trabajan con intensidad tanto jefes comunales del PRO como de la UCR (y también esperan ansiosos los alcaldes del Frente de Todos) es la continuidad del FIM.

Los intendentes pedirán que el Fondo de Infraestructura tenga un fuerte incremento por sobre los 17.000 millones de este año, que en principio contemple la inflación proyectada y también lo que la escalada inflacionaria se fagocitó en el ejercicio en curso.