Los diputados de la Ciudad de Buenos Aires sancionaron hoy, por amplia mayoría, una ley que exime del pago de impuestos sobre los ingresos brutos durante el resto del ejercicio fiscal 2018 a las empresas Agua y Saneamientos Argentinos S.A. y Metrogás S.A.

El objetivo de esa medida propuesta por el Poder Ejecutivo porteño está explicitado en el artículo segundo de la norma, donde se estipula que “la presente exención solo será procedente si dicha liberalidad impacta directamente en las tarifas cobradas a los usuarios”.

La ley votada aclara que ese beneficio fiscal “no alcanza a las actividades financieras y los servicios de financiación, así como otras actividades no relacionadas con la prestación de los servicios públicos” por parte de las compañías prestatarias de los servicios de distribución de gas natural y aguas corrientes.

La norma quedó sancionada con 52 votos afirmativos, 3 negativos (FIT y AyL) y 2 abstenciones (PTS-FIT) y su tratamiento dio lugar a un debate intenso con pluralidad de opiniones, críticas y propuestas.

Sobre la temática hubo varios proyectos, de Unidad Ciudadana, Bloque Peronista, Gen y Frente de Izquierda, manifestando preocupación o rechazo a los incrementos del costo de los servicios públicos para los vecinos. Una de las iniciativas de ley (de BP y Gen) proponía eximir del 100% de ingresos brutos a los usuarios residenciales y a las pequeñas y medianas empresas en las facturas de gas natural y de energía eléctrica.

En la comisión de Presupuesto, que preside Paula Villalba (VJ), primó el oficialismo y se aprobó un despacho de mayoría basado en el proyecto del Ejecutivo. Lo que se sometió a debate y votación, por lo tanto, fue la eximición de ingresos brutos para las empresas proveedoras y no para los usuarios o clientes de los servicios, en la suposición de que la merma de costos impactará en una reducción de las tarifas. Una observación del legislador Gabriel Solano (FIT) requería el archivo del expediente.

Igualmente, Sergio Abrevaya (GEN) y María Rosa Muiños (BP), insistieron con sus propuestas pretendiendo modificar el articulado del proyecto durante la votación en particular, pero no lograron los votos suficientes, por lo que la norma quedó sancionada tal como la redactó el Poder Ejecutivo.

La eximición impositiva es “hasta el final del año porque a partir del período 2019 comienza una fuerte reducción de alícuotas en varias actividades económicas y en particular, en las relacionadas a las de los servicios públicos, conforme al Consenso Fiscal firmado por la Ciudad”, se explicó durante el tratamiento del proyecto en la Comisión de Presupuesto y lo reiteró el oficialismo en el recinto.

El gobierno informó que en la Ciudad hay 300 mil hogares que tienen la tarifa social y que “es la jurisdicción del país con menor carga tributaria en las boletas de servicios públicos y que nunca ha utilizado el mecanismo de adicionar a las facturas tributos en cabeza de los vecinos”.

También se indicó que la administración local ofrecerá gratuitamente lámparas “led” a los vecinos, “lo que conlleva un ahorro de hasta un 14% en el consumo domiciliario” y que las eximiciones impositivas a AySA y Metrogás tendrán “un costo fiscal de $ 1.500 millones que va a ser financiado reprogramando alguna de las obras que tiene en vista la Ciudad”.