El concejal del Partido Justicialista de San Isidro, Leandro Martin, dialogó con La Noticia Web y explicó las intenciones de su espacio para presentar en los próximos días un proyecto de Pedido de Informes a través del cual buscan conocer los detalles de una Ordenanza que actualmente aplica el Ejecutivo local y que fue sancionada por el gobierno de facto. Con esa normativa, se limpian y cierran terrenos baldíos y semi abandonados y se envía la cuenta de ABL al supuesto propietario. De no obtener respuestas, se expropia el terreno.

Desde su bloque van a presentar en los próximos días un proyecto de pedido de informes acerca de una Ordenanza que se está poniendo en práctica hoy en día y que fue dictada en épocas de la dictadura, relacionada con terrenos baldíos que se apodera el Ejecutivo local.

La idea nuestra es tener la información exacta sobre cuáles son los terrenos baldíos o desocupados que el Municipio le está aplicando la Ordenanza general número 38, que fue impulsada en su momento por el Gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires en uso y atribuciones de los poderes del Departamento Deliberativo, para producir cerramientos y limpiezas de terrenos supuestamente baldíos. El frentista, cuando le hacen la limpieza o cerramiento con alambre, tiene que pagar con el ABL el gasto que realizó el Municipio. Queremos saber de qué se trata, conocer el listado de los terrenos, cuáles son las deudas de ABL, y sobre todo cuántos son los decretos firmados para ocupar esos terrenos.

Cuando se detecta un terreno baldío o semi abandonado se hace un cerramiento y limpieza, se envía el ABL al supuesto propietario, y cuando no hay respuesta se expropia ese terreno y pasa a estar en manos del Ejecutivo local.

Claro.

¿Puede haber peligro de algún negocio inmobiliario detrás de esto?

No lo sabemos. Si queremos saber cómo es el mecanismo, cuáles son los terrenos que están en condiciones de ser ocupados y usados por el Municipio, para tener una mayor claridad al respecto. De por si se puede cometer alguna injusticia con esta metodología y, sobre todas las cosas, algo que no nos gusta demasiado, es que nos estamos basando en una normativa basada por un gobernador de facto en uso y atribuciones que hoy nos corresponden a los concejales, que somos justamente los representantes del pueblo. Esta ordenanza obviamente se dictó sin oír a los vecinos.

¿La metodología del Ejecutivo para encontrar a esos propietarios se lleva adelante adecuadamente o hay una búsqueda liviana?

Eso es lo que estamos viendo en este pedido de informes para saber a ciencia exacta cuál es la metodología que se utiliza. Seguramente la gran mayoría es detectando terrenos baldíos y cruzando la información y cuenta de ABL de ese terreno con su estado, según posea deuda o no.

Ahora hay que esperar para ver cómo se puede consensuar esto con el bloque oficialista. Si se llega a aprobar, ¿cuánto esperan que demore la respuesta del Ejecutivo?

Esperamos que sea inmediata. Es algo que nos moviliza bastante, para estar tranquilos y tener la información exacta de qué se trata y de cuál es la metodología, pero sobre todo qué resultados se logran en lo patrimonial o económico a favor del Municipio.