El 20 de Noviembre de 2008 se ponía fin al sistema de administración privada de la seguridad social, el sistema de AFJP. Ese sistema había nacido a partir de la reforma laboral de 1994, y había tenido consenso social a partir de lo planteos neoliberales que cuestionaban la eficiencia del estado, y que además planteaban la insostenibilidad en el tiempo del sistema de reparto.

Quienes promovían la reforma plantearon una serie de cuestiones ventajosas de este nuevo sistema . La primera de ellas: que reduciría el déficit continuo del sistema previsional y resolvería por ende la cuestión demográfica, además que generaría un aumento en la cobertura, a partir del incentivo que tendría el trabajador con este nuevo sistema. En tercer lugar que garantizaría mayores ingresos para los jubilados y pensionados a partir del aumento de la rentabilidad y finalmente que aumentaría el ahorro interno y por ende dinamizaría el mercado de capitales y en consecuencia también generaría crecimiento económico.

La primera de las cuestiones, la promesa de resolver el sostenimiento financiero del sistema a partir de no comprometer un beneficio de antemano sino solo lo acumulado por el trabajador tampoco resolvió la cuestión del déficit. En primer lugar porque los costos implícitos del pasaje de un sistema a otro implicaron un desfinanciamiento del estado a punto tal que las propias AFJP terminaron financiando el déficit estatal. En segundo lugar porque los fondos se encontraban igualmente expuestos al devenir económico, y finalmente porque la problemática demográfica en el caso del sistema de capitalización individual solo se puede resolver a través del monto del beneficio y no como en el sistema de reparto a través de cualquiera de los otros parámetros jubilatorios.

La cuestión de los incentivos que evitaría la evasión, que fomentaría la formalización y que además alargaría la vida laboral porque motivaba justamente al trabajador con la promesa de recibir una mejor jubilación en el futuro tampoco sucedió . En primer lugar porque presumía que el trabajador era quien prefería o toleraba la informalidad, y en segundo lugar porque lo que prevaleció fueron las cuestiones vinculadas a la política económica. Y la política económica destruyo empleo, no había incentivo por la AFJP, había incentivo pura y exclusivamente por tener empleo.

El aumento de los ingresos de los jubilados tampoco fue una realidad. En primer lugar porque esto implicaba una reducción de costos a partir de una administración privada mas eficiente que nunca se produjo, los costos administrativos de las AFJP fueron mas elevados que en el régimen de reparto, pero además estaban vinculados a gastos que no tenían relación con la seguridad social, por ejemplo: gastos en publicidad. Estos gastos rondaron en el orden del 2,5% al 3,5% y representaron aproximadamente el 30% de los aportes de los trabajadores.

Por otro lado la presunción de que la competencia entre las AFJP reducirían los costos nunca se concreto. La mayor afiliación no fue por rentabilidad o porque los costos fueran menores sino por la cantidad de promotores existentes, esto fue acompañado de la alta concentración de las AFJP, en el año 1995 había veintiséis AFJP que se redujeron a solo once en el año 2006. Y además las dos empresas mas grandes pasaron en el mismo periodo de administrar el 27% de los aportes, a administrar el 36% de los aportes de los trabajadores.

Finalmente no hubo un mayor ingreso para los jubilados porque no hubo aumento de la rentabilidad, en primer lugar porque el mayor ahorro significó un desahorro estatal, en segundo lugar porque muchas de las inversiones estuvieron vinculadas al negocio financiero y no a la actividad productiva, y en tercer lugar porque la rentabilidad depende del funcionamiento del mercado financiero y de las condiciones económicas, y estas claramente fueron fluctuantes, por ejemplo: en el año 2007 y 2008 en la Argentina cayó la rentabilidad en un 17%. La cuarta de las ventajas que mejoraría las variables económicas a partir de que la capitalización generaría mayor ahorro nacional, mas mercado de trabajo, mas inversión y mas crecimiento económico, olvidó que el costo de la transición del pasaje de un sistema a otro era justamente un desahorro. El Estado debió seguir pagando los beneficios de los jubilados, pero sin recibir los aportes correspondientes generando déficit creciente.

En conclusión, la recuperación del sistema previsional implicó sepultar el gran negocio privado vinculado a la administración, muchas veces fraudulenta del dinero de los trabajadores activos y pasivos. Implicó además que el sistema previsional vuelva a concebirse desde la solidaridad intergeneracional, esto es que los trabajadores actuales financian las jubilaciones de los jubilados actuales. Terminó además con el discurso interesado y mentiroso de las ventajas de la administración privada pero por sobre todas las cosas implicó una gran decisión a favor del conjunto de los trabajadores argentinos.