Con el establecimiento de la cuarentena obligatoria la mayoría de las personas quedaron inhabilitadas para ir a sus respectivos lugares de trabajo. Para hacer las compras esenciales se concurre a los supermercados y almacenes cercanos. El auto entonces quedó estacionado o en el garage, inmovilizado. Las aseguradoras fueron de los primeros rubros en mandar a sus empleados a sus casas para seguir en funcionamiento mediante teletrabajo. Incluso, en algunos casos como el de los seguros de vida –que cubre casos de contagio en una pandemia– están siendo más solicitados.

Pero si no se está usando el auto, ¿corresponde pagar el valor total de la cuota? Los siniestros durante la cuarentena descendieron entre el 50 y 75%. Además, con el detenimiento total de la mayoría de las actividades, trabajadores informales y cuentapropistas dejaron de obtener ingresos y muchas personas dejaron de pagar. Y a diferencia de lo que se cree, solo entre el 45 y 50% de la cobranza es vía débito automático. La iniciativa de que las operadoras de seguros bajaran el precio del servicio tomó revuelo. Pero lo cierto es que la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) aclaró que “no se ha emitido normativa alguna que obligue a las aseguradoras a aplicar descuentos y/o bonificaciones en las cuotas de las primas de las pólizas”.

(…) en algunos casos como el de los seguros de vida –que cubre casos de contagio en una pandemia– están siendo más solicitados.

La posibilidad de ofrecer este tipo de beneficios quedó a disposición de cada aseguradora. En este sentido, algunas de ellas redujeron en un 50% el valor de la cuota por 3 meses o un 30% durante 6 meses a opción del cliente. Otras recortaron entre 5 y 30%. Una práctica que también se ha visto es la cotización de cuotas más tentadoras para quienes migren de compañía, como estrategia para ampliar su cantidad de prestaciones de servicios. Algunos asegurados optaron por limitar el alcance del seguro a robo y posibles contingencias dentro del garage.

MUCHA PLATA PERO POCA EN MANO

Si bien el sector siguió en actividad desde el primer día del aislamiento obligatorio, enfrenta otros fantasmas.  Aumenta el número de pólizas en seguros de vida pero en cuanto al servicio referido a los automotores el cobro se ve fuertemente afectado. A esto habría que sumarle importante problema de liquidez que está afrontando. Más del 85 por ciento de las inversiones de todo el sistema corresponden a bonos, títulos públicos, acciones, obligaciones negociables. Es decir, mientras que solo 1 peso de cada 10 está destinado a plazos fijos, el resto está en elementos a futuro que no están siendo cobrados. Cabe recordar que el sector aceptó la reestructuración y megacanje de la deuda bajo Ley Nacional que impulsó el Gobierno.

Más del 85 por ciento de las inversiones de todo el sistema corresponden a bonos, títulos públicos, acciones, obligaciones negociables.

Aun teniendo en cuenta que sus estados contables están protegidos –dado que los nuevos bonos que adquirieron están valuados a “finish” y no a valor de mercado– estos papeles hoy valen el 30%. Estas compañías también poseen inmuebles, pero lo cierto es que no hay expectativa de que nadie compre nada y muchos menos desprendiéndose de sus dólares. Estas compañías cargan con un muerto de inversiones iliquidables. Las bolsas de todo el mundo cayeron en picada en los últimos meses. Pueden vender sus activos financieros a precios del 30 o 40%, pero con eso corren el riesgo de convertirse en insolventes.

LA RESPONSABILIDAD DE LAS ASEGURADORAS EN LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Una décima parte de las aseguradoras gozan de más de la mitad del mercado de seguros generales. El caso de los automotores es aún peor: el 50% se reparte entre 3 o 5 compañías.

El camino para amortiguar las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus es evitar el quiebre de la mayor cantidad posible de PyMEs. El Gobierno actúa en función de eso. El 70% del empleo registrado depende de estas empresas. En la actualidad, las normas que regulan al sector determinan que un mínimo del 5% y un máximo del 20% del total de las inversiones tengan como destino el financiamiento para el desarrollo productivo de las pequeñas y medianas empresas.

En total, las inversiones del rubro se acercan a los $825 mil millones. Hay quienes creen que una modificación que exija a las compañías invertir cómo mínimo el 20% le aseguraría al Estado unos $165 mil millones para evitar los quiebres en la industria argentina sin necesidad de recurrir a la emisión monetaria y con la posibilidad de esquivar la dependencia de los bancos que no están facilitando los créditos.

Una décima parte de las aseguradoras gozan de más de la mitad del mercado de seguros generales. El caso de los automotores es aún peor: el 50% se reparte entre 3 o 5 compañías.

De la vereda de enfrente, otros analistas más liberales creen todo lo contrario: que el Estado debería tomar las medidas pertinentes para que el sector no caiga en la insolvencia y la mejor manera es permitiendo que las aseguradoras puedan recurrir a otros medios de financiamiento que no estén ligadas al salvataje de las PyMEs. Algo a tener en cuenta de esta visión es la imposibilidad de las compañías de cumplir sus compromisos y obligaciones de pagos. Cientos de cheques diferidos circulan por la calle sin el respaldo de liquidez necesario. Si se rechazan estos valores, la confianza entre las operadoras, sus proveedores y sus clientes puede deteriorarse.