La Auditoría General de la Nación es organismo que se ocupa de asesorar al Congreso para que las Cuentas de Inversión anual de los Gobiernos sean aprobadas o rechazadas por el Poder Legislativo. Los distintos presidentes se ocupan de dejar en orden estas cuentas para evitar posibles consecuencias legales.

Mauricio Macri no consiguió que el Congreso apruebe los gastos de su gestión. Oscar Lamberto, presidente de la AGN, dialogó con La Mañana de Urbana BA y dijo que un juicio político para el presidente es “teóricamente posible, pero muy improbable”.

¿Cómo avanza todo lo que tiene que ver con auditar la gestión y los presupuestos de este Gobierno y del presidente Mauricio Macri?

La cuenta de inversión ha de ser uno de los instrumentos más importantes de la Nación, menos conocido y menos utilizado. Cuando el proceso comienza, es decir, cuando el Gobierno manda el presupuesto al parlamento, es un hecho preventivo. Dice lo que va a hacer. En la cuenta de inversión está todo lo que hizo y lo que no. La Contaduría General de la Nación una vez al año manda esa cuenta al parlamento, y el parlamento la manda a la Auditoría para que nosotros verifiquemos que los datos que están en la cuenta son comprobables y aconsejamos al parlamento la aprobación o rechazo de la cuenta. Después el parlamento tiene su tiempo porque en realidad la cuenta es fundamentalmente un cierre político. La historia de las cuentas en Argentina ha sido de lo más rara. Los presidentes de la generación del ’80 jamás mandaron una cuenta al Congreso. A veces se aprobaron cuentas todas juntas de 10 o 20 años, hay muchas cuentas aprobadas por una sola cámara y la otra no las aprobó nunca. En la gestión de este Gobierno no se trató ninguna cuenta todavía.

Se habla de que el rechazo de unas cuentas de inversión de un presidente puede derivar en un juicio político. ¿Cuál es la probabilidad concreta de que se produzca eso?

En el caso de Dilma Roussef, que es el caso más emblemático y cercano que tenemos, su juicio político y su destitución fue consecuencia de una cuenta que no le aprobaron. Incluso no tiene ninguna denuncia por corrupción.

¿De acá a que termine su mandato, Mauricio Macri corre ese riesgo?

En teoría podría ser. Pero considerando el tiempo que falta y el proceso que necesita para un juicio político yo diría que es muy improbable. Lo tiene que aprobar una Cámara que actúa como acusadora y el Senado actúa como tribunal. Teóricamente es posible, en la práctica me parece muy improbable.

¿Puede tener implicancias penales una vez finalizado el mandato de Macri?

Las Cuentas no eximen las acciones individuales de los funcionarios. La Cuenta es un cierre político a la gestión, pero si un funcionario en particular es acusado por hechos concretos ante un tribunal tiene que responder y será responsable por ese acto. En general, el hecho de una Cuenta aprobada es un elemento importante pero no es definitivo.

¿Cómo cree que se va avanzar o llegar a fin de mandato de Mauricio Macri con este escenario de poco trabajo parlamentario, más ahora con esto de que está surgiendo la necesidad de avanzar con un debate sobre Emergencia Alimentaria?

Eso deberían preguntárselo al parlamento, yo acá soy como ustedes, veo de afuera. El parlamento tiene sus reglas, sus procedimientos y sus tiempos políticos. Entonces, es muy difícil opinar de afuera.

Hubo un llamado de atención de la AGN acerca de la venta de acciones de Petrobras a la empresa Pampa Energía, que al año siguiente compró la empresa de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente. ¿De qué se trata?

Nosotros no le llamamos la atención, hicimos un informe. La Auditoría detecta hechos concretos y los comunica al parlamento. Y cuando hay sospechas de que puede haber un acto delictivo tiene la obligación de informar a la Justicia. En este caso en concreto fue la Justicia la que nos pidió el expediente. Antes de que nosotros lo aprobáramos ya había pedidos de por lo menos cuatro juzgados sobre este expediente. Ahora ameritará la Justicia si esos actos constituyen delito o no, porque a veces son actos de administración que pueden ser buenos o malos marcados dentro del reglamento o norma que le permite hacer o no tal cosa. El problema que tiene el fondo de sustentabilidad, que fue una crítica del origen, es que tiene pocas limitaciones. Entonces a veces depende mucho de la prudencia de quien lo administre. Sería mucho más lógico que hubiera un banco estatal que administre los fondos de los jubilados. Independiente de cualquier manejo político, porque se trata del ahorro de los jubilados.