Ni realizar recomendaciones sobre las políticas sobernas, ni detentar la exclusividad para calificar activos de empresas, bancos, municipios y provincias. Tras la ley de reforma del mercado de capitales, eso fue lo establecido para las calificadoras de riesgo, que ahora tendrán competencia con el ingreso de universidades públicas como la Universidad de Buenos Aires (UBA), Moreno, San Martín (UNSAM) y Tres de Febrero (UNTREF) en un negocio concentrado que mueve miles de pesos.

Según el artículo 57 del decreto 1023, las universidades podrán actuar como agentes de calificación de riesgos y competir con Fitch, Moody´s, Standard & Poor´s y Evaluadora Latinoamericana S.A., que hasta ahora son las que se encargan de calificar las emisiones de deuda.

“El rol de las universidades como calificadoras sería un caso testigo y representa una alternativa que podría ser tomada también por otros países cuando hay tantos cuestionamientos sobre el papel que cumplen las calificadoras tradicionales” dijo el responsable de encabezar este proyecto en la Universidad de Moreno, Agustín D´Atellis. En tanto, Fernanda Vallejos, economista de la Gran Makro, subrayó:“Es importante despojarnos de las calificadoras de riesgo tradicionales, sobre todo ahora que vemos con más claridad cómo se manejan con un país como Argentina”

Las tarifas que se cobran por este tipo de servicios varían de los $30.000 a los $250.000, según informa el diario Clarín, pero desde las universidades avisaron que ofrecerán tarifas más económicas para que puedan acceder los municipios y las pequeñas compañías. El secretario de Hacienda de la Facultad de Económicas de la UBA y director del proyecto, Cesar Albornoz, dijo que los ingresos que se generen irán para la Facultad y para pagar el sueldo de algún empleado administrativo que se sume al proyecto.
“Vamos a utilizar nuestra propia planta de profesores así que no necesitamos contratar demasiado personal”, explicó Albornoz en diálogo con el matutino.

¿Una empresa contratará a una calificadora que le pondrá una mala calificación? Ésa es el principal argumento de quienes sospechan de la relativa confianza que pueden tener estas entidades. Esto no se modificaría con el ingreso de las casas de estudios ya que, de igual manera, el calificado (empresas, bancos, fideicomisos, municipios, provincias) seguirá siendo el que paga.