El kirchnerismo enfrenta un desafío electoral importante este 2013, que tendrá correlación en las presidenciales del 2015. En la arena, los dos rivales más potentes aparecen desde ambos márgenes ideológicos: por un lado el macrismo y sus aliados del radicalismo y el peronismo disidente, con el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri a la cabeza; y por el otro el socialismo santafesino, locomotora de un frente de espacios progresistas que consiguieron el segundo lugar en las elecciones nacionales del 2011. A cada sector el oficialismo lo bombardea con diferente artillería. En Santa Fe y en Rosario, la principal ciudad de la provincia, la cuestión de la seguridad y el narcotráfico, con la connivencia corrupta de las fuerzas del orden, dejan el terreno fértil para los dardos envenenados.

Más allá de las triquiñuelas discursivas de la política, es cierto que los socialistas atraviesan en Santa Fe su peor momento político desde que llegaron al poder en la intendencia de Rosario en 1996. El gobernador Antonio Bonfatti heredó la gestión de Binner y recibe, cada tanto, algún cachetazo del kirchnerismo. Sin embargo, suele aceptar los convites presidenciales para actos de gestión. Es una estrategia de larga data para garantizar la gobernabilidad. La batalla siempre estuvo en el parlamento, donde hoy el oficialismo de Santa Fe es minoría.

Hay un problema innegable: la conducción policial y el creciente narcotráfico, con asesinatos derivados de este. Hace pocos meses, la ministra de Seguridad nacional Nilda Garré abrió una investigación por supuestos vínculos narcos con el ex jefe de policía provincial Hugo Tognoli. Bonfatti nunca se enteró del proceso hasta que apareció un pedido de captura. Fue la punta de lanza de un problema que crece y deja de estar en la clandestinidad de la opinión pública, fomentado todo desde los pasillos judiciales que hace 24 años son articulados desde el peronismo.

El clásico rosarino que finalmente no se disputó entre Rosario Central y Newell´s fue el último escándalo. El operativo fue tan incompetente, o cómplice, que los graves incidentes previos al partido obligaron a la suspensión del amistoso. El ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, defendió su actuación, pero desde la Intendencia rosarina lo cuestionaron. También lo hizo el senador provincial y ex alcalde, Miguel Lifschtiz. Las espinas llegaron a Bonfatti. Binner ha preferido hasta ahora eludir el problema. Su próxima candidatura lo obliga a la prudencia, sello de origen.

Desde el kirchnerismo vieron la grieta. Agustín Rossi, el jefe de diputados K, dijo que la seguridad en Santa Fe está fuera de control. Tampoco Alejandro Ramos perdió tiempo para condenar al socialismo. El secretario de Transporte busca una candidatura a diputado en octubre que Rossi debe renovar. Ramos está auspiciado por Julio De Vido. El secretario de Seguridad Sergio Berni estará el sábado en Rosario para un acto de repudio por los tres militantes del Movimiento Evita que fueron baleados a comienzos de este mes. También asomaría Emilio Pérsico.

El kirchnerismo responsabiliza por ese atentado a los socialistas. Y pretende hacerles sentir, además, el rigor de la calle. Las organizaciones K, con el estandarte de Unidos y Organizados, harán una marcha desde Tribunales hasta la sede de la gobernación.

Ministros de la gobernación santafesina son convocados al Parlamento para exponer sobre la gestión. En el socialismo acuden a la respuesta obvia: dicen que es una maniobra de desgaste político.

TIROTEOS, NARCOTRÁFICO, MOVIMIENTO EVITA Y BONFATTI

La proliferación de narcos en el gran Rosario es similar a la del conurbano. Los narcos se instalan en los barrios, contratan a jóvenes como mano de obra y se adueñan de las calles. La tarde del 10 de enero, en Barrio Nuevo Alberdi, jóvenes armados deambulaban por la zona. Luego de una denuncia telefónica, la policía se dio una vuelta por la zona e ignoró la presencia de chicos con revólveres en la cintura, actitud que para el Movimiento Evita no hizo más que confirmar la notable prescindencia de la subcomisaría segunda, a cargo de Marcelo Mendoza, ante la expansión narco.

Cuando a las 20 horas una moto pasó tirando tiros no había efectivos pero sí vecinos, que esperaban el anochecer en la vereda para tratar de capturar alguna brisa que hiciera más tolerable el agobiante calor. Los vecinos vieron llegar al auto que disparó contra Gastón Aguirre y los hermanos Ariel y Carlos Ferrerya, militantes del Movimiento Evita.

El cruce de militantes y narcos en los barrios más marginados empieza a ser una constante cada vez más difícil de manejar para las organizaciones políticas. “En determinados barrios la criminalidad y la tasa de homicidios por el tráfico de estupefacientes impacta en las organizaciones barriales sociales, que terminan siendo la última barrera”, explicó Eduardo Toniolli, diputado provincial del Movimiento Evita.

El gobierno de Rosario que administra la socialista Mónica Fein había sido advertido sobre una guerra narco en el barrio Nuevo Alberdi. Según relataron referentes de la organización, el aviso fue trasmitido en noviembre durante una reunión informal que tuvieron con Fernando Asegurado, secretario de Gobierno de Rosario. El dato les llegó desde su propia organización, cuando echaron a una mujer que militaba con ellos tras sospechar tenía una cocina de droga.

Luego del tiroteo, los militantes se sorprendieron con información que filtró la policía y que implicaba a la organización que lidera Emilio Pérsico. Ramón Ferreyra, padre de los chicos tiroteados, denunció la complicidad del comisario Mendoza con los narcos ante el fiscal federal Juan Patricio Murray, que fue nombrado en diciembre para reemplazar a Liliana Bettiolo, quien estaba a cargo de las investigaciones que se le siguen al ex jefe de la Policía de Santa Fe, comisario Hugo Tognoli.

Ferreyra ya venía protestando por el avance narco. Hace unos meses le había pedido a la comuna que restableciera las luminarias, cortadas por los narcos para operar en la oscuridad. Los referentes del Evita se reunieron con el ministro de Seguridad Raúl Lamberto y le pidieron que pusiera en disponibilidad al comisario pero no tuvieron suerte. “Nos dicen que no hay pruebas, pero al menos lo podrían sancionar por ineficiencia y ponerlo a disponibilidad, sin tocarle el salario”, se indignó el diputado Toniolli.

Desde que comenzó la escalada de violencia por la guerra narco, que el año pasado se cobró 183 víctimas en Rosario, Bonfatti optó por no tocar a ningún policía. Ni siquiera echó a uno cuando se desató el escándalo de Togniolli. Y ahora sigue sin tomar medidas, mientras los asesinatos no paran.