El caso judicial por la criptomoneda $LIBRA avanzó en los tribunales de Estados Unidos con una ampliación de la demanda colectiva que apunta al corazón del poder político argentino. Los abogados de los inversores damnificados solicitaron que los principales responsables de la estafa enfrenten un juicio por jurados bajo la figura de crimen organizado. En el expediente, de más de cien páginas, aparece mencionado en decenas de oportunidades el presidente Javier Milei. También figura su hermana y secretaria general, Karina Milei, como facilitadora de los contactos entre los organizadores del fraude y el gobierno argentino.

La acusación sostiene que el empresario Hayden Mark Davis y sus socios diseñaron una operatoria compleja para manipular el mercado cripto, aprovecharse del entusiasmo por los activos digitales y vaciar los fondos una vez que el token alcanzó una fuerte valorización. Para lograrlo, según los denunciantes, utilizaron la imagen del presidente argentino y construyeron una red de vínculos que incluyó reuniones en la Casa Rosada, gestiones directas con funcionarios y mensajes en redes sociales. El posteo de Milei en la plataforma X, publicado el 14 de febrero y luego eliminado, figura como prueba clave.

“El interés de los inversores, el volumen de operaciones y el precio aumentaron en respuesta al anuncio del presidente Milei”, escribieron los abogados Margaret Hoppin y Max Burwick, responsables de la demanda que se tramita en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York.

La presentación invoca la ley RICO, utilizada en Estados Unidos para investigar estructuras mafiosas o redes criminales, y que permite imponer condenas con penas agravadas y decomisos. El texto describe una asociación ilícita empresarial encabezada por Davis, titular de Kelsier Ventures, y Benjamin Chow, responsable de la plataforma Meteora. A ambos se los acusa de armar una infraestructura orientada a inducir a miles de personas a invertir en un activo supuestamente legítimo, pero diseñado para succionar liquidez y transferir fondos a sus cuentas personales.

Entre los elementos que vinculan el caso con la administración argentina aparece Karina Milei, mencionada como la persona que habilitó el ingreso de Davis a la Casa Rosada.

En los registros oficiales consta que el empresario fue recibido en Balcarce 50 al menos dos veces. Además, los denunciantes presentaron capturas de mensajes en los que Davis aseguraba tener influencia directa sobre el mandatario. “Le envié dinero a la hermana [de Milei] y él firma todo lo que yo digo y hace lo que yo quiero”, habría dicho, según los documentos incorporados a la causa.

En otra cita recogida por el diario New York Times, Davis afirmó tener capacidad para influir en las publicaciones y decisiones del presidente: “Le mando plata a la hermana, y él firma y hace lo que yo diga”.

El vínculo entre Davis y el gobierno libertario no se limitó a esas reuniones. Los abogados también enumeraron intercambios de mensajes entre el empresario y posibles inversores durante diciembre de 2024, donde alardeaba sobre su cercanía con el poder y ofrecía garantías de respaldo institucional. También citaron el encuentro entre Milei y el CEO de Kip Protocol, Julian Peh, durante el TechForum cripto realizado en Buenos Aires, como parte de la estrategia para dar legitimidad pública al ecosistema cripto asociado a $LIBRA.

De acuerdo con los denunciantes, los responsables del token se apropiaron de una cifra cercana a los cuatro mil millones de dólares y repitieron un esquema similar al que antes habían ensayado con el activo $M3M3. En ambos casos, señalan una maniobra encubierta que permitió a los organizadores extraer fondos sin alertar a los compradores. Todo eso ocurrió, insisten los letrados, tras haber utilizado la figura presidencial como pantalla de legitimación. “Davis deliberadamente consiguió una manifestación de respaldo sumamente engañosa del presidente argentino Javier Milei, estratégicamente cronometrada para conferirle a $LIBRA una apariencia de legitimidad y credibilidad”, remarcaron.

Aunque Milei no figura como imputado en esta etapa, el caso generó alarma entre dirigentes políticos. El diputado Oscar Agost Carreño advirtió que la demanda podría extenderse y derivar en un proceso contra el Estado argentino. “Por primera vez, un tribunal federal de Estados Unidos tiene en sus manos una demanda por crimen organizado donde el presidente de la Argentina aparece como pieza clave del engaño”, escribió en su cuenta de X.

La próxima audiencia se llevará a cabo el 19 de agosto ante la jueza Jennifer Rochon. Allí se discutirá el destino de los fondos aún no recuperados y se decidirá si la causa avanza a juicio. Los abogados también pidieron el decomiso de las ganancias obtenidas mediante fraude y un resarcimiento económico para los afectados.

Por ahora, Karina Milei y los funcionarios del entorno presidencial no fueron incluidos en la lista de acusados, pero el avance de la causa judicial y la filtración de documentos siguen estrechando el cerco sobre el oficialismo. Mientras tanto, el Gobierno nacional no emitió declaraciones sobre el caso.