
El presidente confía en un triunfo legislativo en 2025 para impulsar cambios drásticos en el Congreso, eliminar el cargo de vicepresidente y modificar derechos laborales clave, en un modelo que genera tanto apoyo como preocupación
En su primer año de gestión, el gobierno libertario de Javier Milei ha generado intensos debates en el ámbito político y social debido a las profundas transformaciones que busca implementar. Desde un ajuste fiscal agresivo hasta la dolarización de la economía en ciernes, las políticas de Milei han polarizado a la sociedad argentina. Mientras sus seguidores celebran la «ruptura con el status quo», sus detractores alertan sobre el impacto negativo en los sectores más vulnerables y la creciente concentración del poder. En este contexto, el presidente avanza con una propuesta de reforma constitucional que promete reconfigurar el sistema político y laboral del país, marcando un nuevo capítulo de su administración.
El presidente Javier Milei asegura tener plena confianza en que logrará un triunfo contundente en las elecciones legislativas de 2025, lo que le permitirá avanzar con una ambiciosa reforma constitucional destinada a transformar el sistema político de Argentina.
Según el periodista Luis Majul, Milei ya ha comenzado a delinear los cambios. “Él confía en una victoria aplastante que le dé los legisladores suficientes para afrontar el cambio”, afirmó el conductor.
Uno de los ejes principales de la reforma sería una reestructuración del Congreso Nacional. La Cámara de Diputados pasaría a denominarse Cámara de Representantes y se reduciría el número de bancas, pasando de las actuales 257 a 150. Desde la Casa Rosada, señalan que el Senado Nacional no se modificaría, aunque se introduciría un cambio en la forma de elección de su presidente, que requeriría un acuerdo con una mayoría especial.
Otro de los puntos en análisis es la eliminación del cargo de vicepresidente. Milei estaría considerando adoptar un esquema similar al de Chile, en el que, ante la vacante de la Presidencia, asuma el Jefe de Gabinete, el Ministro del Interior o el Secretario de Estado. Este cambio podría permitirle nombrar a su hermana en un cargo clave sin necesidad de pasar por el voto popular, en caso de que ocurriera una eventualidad.
Asimismo, se evalúa la posibilidad de reformar el artículo 90 de la Constitución Nacional para extender el mandato presidencial de cuatro a seis años. Desde el entorno del Gobierno justifican esta medida argumentando que el tiempo actual resulta insuficiente para implementar las transformaciones que el país necesita. En este sentido, se inspirarían en el “modelo Bukele”, que propone alternancia tras dos o tres períodos consecutivos.
Una de las propuestas clave de la reforma constitucional impulsada por Javier Milei incluye modificaciones en la estructura del Congreso Nacional. La Cámara de Diputados adoptaría el nombre de Cámara de Representantes y su cantidad de miembros se reduciría de 257 a 150. Según fuentes de la Casa Rosada, el Senado Nacional permanecería prácticamente igual, con la excepción de su presidencia, que pasaría a ser elegida mediante un acuerdo con una mayoría especial.
Además, se plantea la posibilidad de modificar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, con el objetivo de «adaptarlo» a las dinámicas del mercado laboral contemporáneo. Entre las medidas discutidas se encuentra la priorización del derecho a circular sobre el derecho a huelga, lo que podría generar un fuerte debate en distintos sectores. También se evalúa la eliminación del salario mínimo, una decisión que cambiaría de manera drástica la regulación laboral en el país.
Estas propuestas de reforma, aunque planteadas como necesarias para modernizar el sistema político y laboral, generan preocupación por su posible impacto en los derechos adquiridos y en el equilibrio democrático del país. La falta de consultas amplias y transparentes, sumada a la concentración de poder que estas medidas implicarían, pone en evidencia una gestión que prioriza sus intereses por encima del consenso social. Este enfoque refuerza las críticas hacia un gobierno que, lejos de resolver los problemas estructurales, parece avanzar con políticas que profundizan la incertidumbre y el conflicto en lugar de construir soluciones inclusivas y sostenibles.