Este lunes el exintendente de La Plata, el macrista Julio Garro, quedó imputado por varios delitos en el marco de la causa de los barrios cerrados ilegales, en la que se lo acusa de haber orquestado “beneficios económicos” valuados en USD1.500 millones para permitir la construcción de estos asentamientos por fuera de la ley.
Por pedido del fiscal que tiene a cargo la investigación de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta, la Justicia realizó este lunes 11 órdenes de prestación y 5 allanamientos, entre ellos en la casa del exintendente de La Plata, que fue imputado por los delitos de “Asociación Ilícita, Incumplimiento de los deberes de Funcionario público, Falsedad Ideológica de documento público y Administración fraudulenta en perjuicio del Estado“.
“En dichos lugares se procedió a la incautación de copias y originales de expedientes relacionados a los hechos investigados, facturación, contratos celebrados de las empresas entre sí y con el Municipio, constancias de avance de obras y de contrataciones, computadoras, impresoras y diversos elementos informáticos, entre otros elementos de relevancia para la pieza judicial de referencia”, expone el documento judicial.
Vale recordar que, la causa fue iniciada en octubre de 2024 por el actual jefe comunal de La Plata, Julio Alak, que busca desentrañar el esquema por el cual la gestión de Garro autorizó, por medio del Concejo Deliberante, desarrollos inmobiliarios de 400 barrios cerrados sin el visto bueno legal necesario, lo que habría generado un perjuicio económico de USD1.500 millones.
En ese sentido, con el avance en la investigación, varios de los funcionarios que acompañaron a Garro entre diciembre de 2015 y diciembre de 2023 fueron imputados, tales como María Botta (ex secretaria de Planeamiento Urbano), Marcelo Gustavo Genoro (ex Director General de Obras Viales) y Nahuel Julián Paradela (ex subsecretario de Servicio Públicos), y los empresarios Ariel Fabian Bordigoni (Bordigoni y Cia. SRL.), Cecilia Andrea Mayocchi (Agrycon S.A.), Leandro Arrechea (Agrycon S.A.) y Facundo Dadin (Solvial Construcciones).
“De los elementos reunidos en la presente investigación, se acredita que, al menos desde el 10 de diciembre del año 2015 hasta el 10 de diciembre del 2023, varios funcionarios públicos de la Municipalidad de La Plata, en connivencia con empresarios particulares, aun no individualizados en su totalidad, los que cumpliendo distintos roles y funciones, viabilizaron simulando legitimidad múltiples desarrollos urbanísticos en zonas no permitidas, las cuales no contaban con la correspondiente autorización Provincial respectiva para cada emprendimiento”, indica la causa que tiene como principal apuntado a Garro.
En la misma línea, el papel judicial resalta que tanto el exintendente de La Plata como sus funcionarios habrían realizado estas maniobras fraudulentas tanto “en beneficio propio como de distintas empresas”, lo que ocasionaría un perjuicio económico tanto a los adquirentes de dichos inmuebles como a la Municipalidad, en un momento estimado en $700 millones. “El grupo de personas mediante un actuar organizado desarrollaron distintos ilícitos en perjuicio de la administración pública en el marco de las actividades antes explicitadas”, cierra el texto.
Barrios ilegales en La Plata: qué dice la denuncia de Alak contra Garro
En el documento emitido por la gestión de Alak contra Garro, el intendente de La Plata menciona que en septiembre de 2024 decidió suspender las obras de los 400 barrios cerrados en pugna debido a que la Municipalidad “nunca” debió permitir el inicio de las construcciones. “Estas urbanizaciones son ilegales porque están enmarcadas por ordenanzas no convalidadas por la Provincia y que, por lo tanto, no resultan aplicables”, afirma el oficialismo platense.
En rigor, de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional, las normas provinciales prevalecen por sobre las municipales. Según el alakismo, en 2022, a través de la Dirección Provincial del Ordenamiento Urbano Territorial (DpoutI), el Gobierno bonaerense “instó a la Municipalidad expresamente a no aplicar tales ordenanzas ni otorgar autorizaciones enmarcadas en las mismas”, algo que no habría sido atendido por Garro.
Muchos de los desarrollos inmobiliarios autorizados por el Legislativo durante el período garrista corresponden a barrios cerrados, instalaciones que se encuentran regulados por el Decreto Provincial N°27, sancionado en 1998. De acuerdo al texto redactado por la gestión de Alak, en 2017 el Área de Legal y Técnica municipal reconoció la situación de irregularidad, no obstante Garro habría avanzado sin asumir que el Ejecutivo bonaerense era la autoridad competente responsable de las autorizaciones.
