Javier Milei rechazó por completo la ley que declaraba la emergencia para la reconstrucción de Bahía Blanca tras el temporal del 7 de marzo, que provocó la muerte de 16 personas. La decisión se conoció este martes a través del Boletín Oficial y generó un fuerte malestar en el Congreso. El veto sorprendió incluso a legisladores que venían trabajando para impulsar la norma, la cual había sido aprobada por el Senado con el respaldo unánime de todos los bloques, incluidos los libertarios.

La ley preveía la creación de un fondo especial de 200.000 millones de pesos. Su objetivo era atender la reconstrucción de edificios públicos nacionales, provinciales y municipales, junto con la reparación de viviendas afectadas. También habilitaba el uso de esos fondos para obras vinculadas a los servicios públicos y la recuperación de actividades económicas.

El oficialismo había respaldado el texto en el Senado. Pero un mes más tarde, en la votación en Diputados, cambió su postura. Los 32 votos en contra provinieron del bloque de La Libertad Avanza. Esa ruptura con lo votado previamente dejó en evidencia un cambio de estrategia que anticipaba el veto presidencial. El presidente ya había expresado su voluntad de rechazar cualquier medida que alterara su política de ajuste.

El Gobierno justificó el veto en la existencia del decreto 238/2025, firmado el 31 de marzo. Ese texto ya había creado un fondo de hasta 200.000 millones de pesos para asistir a los damnificados. Según el Ejecutivo, el decreto era suficiente. Milei había visitado personalmente la zona tras el desastre.

La medida se conoció pocas horas después de que los gobernadores de todos los partidos se reunieran en el Consejo Federal de Inversiones. Allí, plantearon reclamos por la distribución de fondos nacionales. Entre otras cosas, reclamaron un incremento en la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional, que están destinados justamente a situaciones de emergencia como la de Bahía Blanca.

Según Politikon Chaco, si se hubiese aplicado la fórmula propuesta por los mandatarios provinciales, entre enero y mayo de este año se habrían distribuido más de 214.000 millones de pesos. En cambio, solo se giraron 80.500 millones. Ese recorte impactó directamente sobre las provincias, incluida Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof y el intendente Federico Susbielles estimaron en 400.000 millones el costo de reconstrucción.

El rechazo presidencial provocó una reacción inmediata en la oposición. Desde Unión por la Patria hasta sectores de la UCR y bloques como Democracia para Siempre, anunciaron que buscarán insistir con la ley sancionada. Para lograrlo, deben reunir dos tercios de los votos en ambas cámaras. La situación se presenta más favorable en el Senado, donde Milei cuenta con solo 6 de los 72 senadores. Unión por la Patria tiene 34.

En la Cámara baja también existen diferencias dentro de la oposición. En la UCR recordaron que antes de aprobarse el proyecto de Juliana Di Tullio en el Senado, Diputados había sancionado una versión distinta, impulsada por Victoria Tolosa Paz. Esa iniciativa no fijaba un monto específico y, según los radicales, se articulaba mejor con el decreto presidencial. Además, había sido votada por unanimidad, incluyendo a La Libertad Avanza. Para los legisladores radicales, si ese texto hubiese prosperado, Milei no habría tenido argumentos para el veto.

Karina Banfi y Maximiliano Abad, referentes del radicalismo bonaerense, emitieron un comunicado en el que señalaron que la ley sancionada “no se superpone con el decreto 238/25 del Poder Ejecutivo: tiene mayor jerarquía constitucional y un alcance más amplio, porque no se ocupa sólo de las urgencias sino de soluciones estructurales”. También remarcaron que “el Fondo Especial está pensado para reconstruir infraestructura pública dañada y reactivar el circuito económico local, dos puntos que no están previstos en el decreto del Gobierno Nacional”.

Además, subrayaron que la norma incluye un mecanismo de control parlamentario sobre los fondos y que contempla la asistencia para la localidad de Coronel Rosales, ausente en el decreto del Ejecutivo. En paralelo, Tolosa Paz anunció que presentará un pedido de informes para conocer el destino de los recursos asignados hasta el momento. La tensión entre el Gobierno y el Congreso volvió a escalar. Esta vez, por una ley que parecía contar con el consenso de casi todo el arco político.