Argentina fue el único país que no suscribió la declaración sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres acordada por el resto de los miembros del G20 en una reunión intergubernamental en Brasilia, el 11 de octubre pasado.

Mientras que países parte del G20 como Arabia Saudita, Alemania, Brasil, Canadá, China, Japón, Reino Unido, Rusia, Turquía, entre otros, formaron parte de este consenso, Argentina rechazó sumarse.

Esta decisión no sorprende, pero alarma. No es la primera vez que, desde la asunción del presidente Javier Milei, el gobierno adopta posicionamientos en foros internacionales marcadamente regresivos para los derechos, las libertades –que tanto pregona– y las posibilidades de desarrollo de las mujeres y niñas.

La semana pasada tuvo lugar en la capital brasileña la primera reunión del Grupo de Trabajo (GT) Empoderamiento de las Mujeres, creado en el seno del G20 durante su última Cumbre de Líderes en Nueva Delhi, India, en septiembre de 2023. El G20 es un grupo de 19 países que incluye, además, a la Unión Europea y, desde el año pasado, a la Unión Africana. El GT Empoderamiento de las Mujeres tiene como objetivo el fortalecimiento de las mujeres en sus “diferentes dimensiones”. El comunicado rechazado por la representación argentina contenía tres prioridades: 1) promover la igualdad de género, la autonomía económica y la economía y sistemas del cuidado; 2) eliminar la misoginia y prevenir y poner fin a la violencia basada en cuestiones de género; y 3) impulsar una acción climática con perspectiva de género. La elección de estas temáticas apunta a reafirmar los compromisos del G20 con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que forman parte de la Agenda 2030 de la ONU. A todo esto, claro, se opone el actual gobierno.

Desde Amnistía Internacional hemos manifestado nuestra preocupación sobre posiciones semejantes del gobierno del presidente Milei en distintos organismos internacionales, todas ellas regresivas. Uno de estos posicionamientos tuvo lugar en junio, en las reuniones previas a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se desarrollaron en Asunción, Paraguay, cuando rechazó reconocer la importancia de la violencia sexual contra mujeres y niñas. En septiembre, el gobierno argentino volvió a rechazar los fundamentos de la Agenda 2030 (que supone consensos globales como la igualdad de género, el hambre cero, la educación de calidad y el crecimiento económico inclusivo), al convertirse en el único país en disociarse del Pacto para el Futuro acordado por una gran mayoría de países en el seno de la ONU. Otro vuelco anacrónico fue hace pocos días, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuando la representación argentina se refirió a “la protección de la vida desde la concepción”.

Esta retórica confrontativa tiene su contrapunto en la política interna. Recientemente desde Amnistía Internacional denunciamos el abandono del gobierno a la implementación del aborto seguro. De acuerdo con información del Ministerio de Salud, en lo que va del año no se entregaron insumos a las provincias para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, incrementando las desigualdades entre las jurisdicciones del país.

La próxima Cumbre de Líderes del G20, donde acudirán jefes de Estado y de gobierno de los países integrantes del grupo, tendrá lugar en Río de Janeiro entre el 18 y 19 de noviembre. Desde Amnistía Internacional reafirmaremos nuestras prioridades y monitorearemos los posicionamientos de todos los gobiernos, incluyendo el de Argentina.

Publicado en Página 12

* Mariela Belski es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.