Después de asumir la presidencia, Javier Milei dejó en manos de Karina Milei y Sebastián Pareja el armado político de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. La estrategia fue clara: reforzar el espacio con dirigentes que ocupan cargos en el Estado nacional, una contradicción notoria para un gobierno que construyó su identidad sobre la promesa de ajustar el aparato público.

En la confección de las listas para la Legislatura bonaerense, más de la mitad de los candidatos titulares propuestos por LLA trabajan actualmente en algún organismo estatal. Son 33 sobre un total de 69. La Segunda Sección Electoral se lleva el récord: nueve de los once aspirantes que allí se postulan figuran como empleados del PAMI, la ANSES o ministerios nacionales. Entre ellos aparecen Pablo Morillo, del Ministerio de Economía, y Ana Petrocini, vinculada a Cancillería. Morillo, en particular, genera polémica dentro del propio espacio libertario por su pasado cercano al exministro Axel Kicillof.

Otra figura con antecedentes que causan ruido es Lorena Bincaz, exjefa de la ANSES en la región de Mar del Plata. También están Ruddy Ziegler, vinculado a la oficina de ANSES de Junín, y Ángel Torrano, del PAMI en esa misma ciudad. En la Tercera Sección se repite el patrón, con siete postulantes que también forman parte del Estado. Destacan Nahuel Sotelo Larcher, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Vanesa Gioia, quien ejecutó despidos en Vialidad Nacional. Gioia es pareja del senador Carlos Curestis, uno de los aliados más cercanos a Miriam Niveyro, figura clave en el armado bonaerense junto con Pareja.

En la misma sección se ubica Rocío Ángeles Gómez, de apenas 25 años, con un cargo en la Secretaría General de la Presidencia. Su inclusión se atribuye directamente al respaldo de Karina Milei. También figura Luis Ontiveros, señalado como el principal responsable de las designaciones en dependencias del Estado nacional dentro de La Matanza.

En la Séptima, el candidato principal es Alejandro Speroni, integrante de La Púrpura —una agrupación fundada por Pareja— y funcionario del Ministerio de Economía. Lo acompaña María Celeste Arouxet, con cargo en ANSES, y completa la lista el exintendente de Olavarría, Ezequiel Galli, del PRO.

La Cuarta Sección también cuenta con un alto número de funcionarios públicos. La encabeza Gonzalo Darío Cabezas, actual director nacional de Relación con los Municipios. Lo siguen Ignacio Grego, del Centro de Atención Personalizada de Carlos Tejedor, y Gustavo Emilio Bories, con funciones legislativas en Trenque Lauquen.

En cambio, en la Quinta Sección se registró una menor presencia de candidatos con cargos estatales. Allí se impuso la influencia del intendente marplatense Guillermo Montenegro. Aun así, se incluyó a Matías Miguel De Urraza, actual prosecretario en la Cámara de Diputados provincial.

La Octava, correspondiente a la ciudad de La Plata, expone dos casos significativos. El primero es Juan Osaba, señalado por supuestas maniobras irregulares con personal del PAMI. El segundo es Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial y actual titular del Instituto de Ayuda Financiera, un organismo dependiente del Ministerio de Defensa. En ese ámbito, militares de carrera denunciaron el ingreso masivo de jóvenes referenciados en Luis Petri, apodados “Petri Boys”. También integra la nómina Micaela Fragasso, empleada de ANSES en la capital bonaerense.

Por último, nueve concejales que llegaron a sus bancas por el voto popular ahora integran las listas a la Legislatura, lo que representa cerca del 20% del total de los candidatos titulares. Más allá de sus mandatos en curso, no fueron considerados dentro del recuento de empleados públicos, aunque su inclusión refuerza la lógica del armado con nombres del Estado.

En varios casos, se detectaron irregularidades como el salto de una sección electoral a otra sin justificación. Hao Yuan Lan y Fernanda Coitinho, por ejemplo, se postulan por la Sexta, pero provienen de distritos ubicados en la Primera y Tercera, respectivamente. Esa práctica podría derivar en impugnaciones.

Mientras Javier Milei insiste con el discurso del recorte estatal, buena parte del dispositivo político que lo sostiene en la provincia se apoya en el empleo público como plataforma para proyectar candidaturas.