El juez federal Sebastián Ramos consideró que el dirigente tuvo una participación activa durante la toma del edificio ocurrida en junio de 2025. También fue procesado el militante Valentín Peralta, mientras que desde Patria Grande denunciaron una supuesta presión del Gobierno sobre la Justicia.
La Justicia Federal avanzó en la causa por la ocupación del Instituto Perón y resolvió procesar al diputado nacional por Fuerza Patria y referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, por los delitos de «violación de domicilio y resistencia a la autoridad». La decisión fue adoptada por el juez federal Sebastián Ramos, quien además dispuso un embargo sobre sus bienes por un monto de $5 millones.
La investigación está vinculada con los episodios registrados en junio de 2025, cuando un grupo de manifestantes ingresó y permaneció en el edificio del Instituto Perón, organismo dependiente del Estado nacional que se encontraba cerrado y bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.
En la resolución judicial, Ramos sostuvo que Grabois accedió al inmueble sin autorización y permaneció allí durante aproximadamente dos horas. Según el magistrado, el legislador tuvo una intervención activa durante la permanencia de los manifestantes dentro del edificio.
El fallo señala además: «Grabois incentivó a los manifestantes a adoptar un comportamiento hostil que culminó en agresiones y lesiones sobre los efectivos policiales». De acuerdo con la resolución, esos incidentes provocaron heridos entre los agentes y daños materiales en las instalaciones.
La medida judicial también alcanzó al militante Valentín Peralta, a quien el juez identificó como otro de los participantes activos de los hechos. En su caso, Ramos le atribuyó un mayor nivel de confrontación al acusarlo de haber agredido físicamente a efectivos policiales durante los disturbios.
Tras conocerse el procesamiento, desde Patria Grande y el bloque de legisladores bonaerenses de Fuerza Patria cuestionaron la decisión judicial y sostuvieron que el avance de la causa contra Grabois solo puede explicarse por «la presión que ejerce el propio Gobierno» con el objetivo de disciplinar a la oposición.
Por su parte, la defensa del dirigente rechazó las acusaciones y afirmó que Grabois no intervino en la ocupación del Instituto Perón como militante ni como instigador.
Según sus abogados, se encontraba en el lugar ejerciendo su profesión de abogado, en representación de una cooperativa que administraba un espacio lindero al edificio involucrado en el conflicto.
