La denuncia con respecto a la reelección de Claudio «Chiqui» Tapia como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presentada por San Martín de Tucumán y Nueva Chicago, está en proceso de investigación. Así, desde la Inspección General de Justicia (IGJ) esperan que el juzgado Civil de la Capital Federal dé a conocer el dictamen acerca de la legitimidad de Tapia como mandamás de la AFA.

La presidencia de «Chiqui» está objetada por dos vías: un expediente administrativo ante la IGJ y, la causa civil 31656/2020, que tramita ante el juzgado número 59, a cargo de la magistrada Callegari.

En las dos presentaciones, el planteo es similar: Tapia fue reelecto en una asamblea virtual producto de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, pero esa decisión -según los denunciantes-, no respetó los estatutos de la casa madre del fútbol argentino. 

La jueza Callegari resolvió el lunes pasado ordenar la certificación de la causa ante el pedido de la IGJ y otorgarle un turno para que vaya a retirar una copia del expediente.

Después de varias semanas de trámites burocráticos, la magistrada decidirá sobre la denuncia de la asamblea planteada por San Martín de Tucumán. Y a más tardar, en dos semanas la IGJ decidirá sobre el expediente, identificado con el número 355271/9209272.

Por otra parte, la Justicia está investigando los contratos millonarios que firmó Tapia con Carlos Varela y Guillermo Tofoni, en alusión a los derechos digitales y la organización de partidos amistosos de la Selección, respectivamente.

Además, diputados de Juntos por el Cambio siguen insistiendo para que Tapia declare en el Congreso. «No puede ser que la AFA firme contratos millonarios y los clubes sigan siendo pobres», resumió Graciela Ocaña, una de las precursoras de la citación de Tapia.