El juez Herman Mendel, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N°30, dispuso hoy la suspensión de los efectos del acuerdo firmado entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para transferir la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita porteña. La medida se mantendrá hasta que se dicte sentencia definitiva sobre el fondo del asunto.

La resolución responde a una demanda presentada por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato. El gremio cuestiona la constitucionalidad de la Ley 27.802 y del Acuerdo de Transferencia del 9 de febrero de 2026, en el marco de la reforma laboral. Según el planteo, las normas violan los artículos 116 y 117 de la Constitución y tratados internacionales, además de haber sido aprobadas en sesiones extraordinarias sin convocatoria válida.

Entre los argumentos centrales, la UEJN reclama la estabilidad laboral de unos 1600 trabajadores del fuero. El artículo 91 de la Ley de Modernización Laboral prevé la disolución de 30 juzgados y una sala en un plazo de 180 días, una vez formalizado el traspaso. Con la decisión de Mendel, ese proceso queda congelado.

El convenio cuestionado, impulsado por los gobiernos de Javier Milei y Jorge Macri, establecía un esquema de transición: las causas nuevas serían atendidas por tribunales locales, mientras que los nacionales concluirían los expedientes en trámite. También definía responsabilidades administrativas y presupuestarias, excluía los conflictos colectivos de trabajo del traspaso y preveía el cierre progresivo de juzgados nacionales junto con la designación de nuevos magistrados porteños.

Por ahora, el futuro del fuero laboral permanece en suspenso, a la espera de que la Justicia resuelva la validez del acuerdo y de las leyes que lo sustentan.