El expresidente de Brasil era acusado de influir a dirigentes de Costa Rica para que cerraran negocios con la constructora OAS, empresa envuelta en los desvíos de fondos públicos de Petrobras.
Una jueza brasileña archivó una investigación abierta contra el expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva por los supuestos delitos de corrupción y tráfico de influencias. La decisión de la magistrada Maria Carolina Ayoub, de San Pablo, supone una nueva victoria en los tribunales para el exjefe de Estado y también despeja aún más su camino hacia la candidatura de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2022, para las que los sondeos de opinión lo sitúan como el máximo favorito por delante del presidente Jair Bolsonaro.
VÃO CAINDO UM A UM | O ex-presidente Lula obteve na última sexta-feira mais uma vitória na Justiça, contra o lawfare que o impediu de disputar as eleições em 2018. Leia mais: https://t.co/qD2kgU6C0J #equipeLula
— Lula (@LulaOficial) September 13, 2021
En este caso, Lula era acusado de influir a dirigentes de Costa Rica para que estos cerraran negocios con la constructora brasileña OAS, una de las empresas envueltas en los vastos desvíos de recursos públicos de la petrolera estatal Petrobras. Los hechos habrían ocurrido en 2011, cuando Lula ya no era presidente de Brasil.
La investigación se basaba principalmente en el testimonio del expresidente de OAS, Léo Pinheiro, y también alcanzaba al entonces presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto. Sin embargo, la jueza Ayoub decidió archivar la causa porque, por un lado, no hay elementos suficientes para seguir con la investigación y, por el otro, algunos de los delitos que podrían llegar a configurarse ya prescribieron para Lula.
Según la defensa de Lula, la justicia brasileña ya archivó 19 «procedimientos de investigación» instaurados en contra del líder del Partido de los Trabajadores (PT) vinculados a la Operación Lava Jato, que destapó los hechos de corrupción en Petrobras.
Además remarcaron que en la actualidad Lula sólo afronta un caso en los tribunales en el que también es acusado de usar su influencia para que el gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016), su sucesora en la presidencia, atribuyera a la empresa sueca Saab una licitación para la compra de 36 aviones de combate.
