La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Claudia Rodríguez Vidal hizo lugar a una medida cautelar presentada ayer y suspendió el decreto 298/10, firmado por la presidenta Cristina Fernández el lunes pasada. De esa manera, el Gobierno quedaría imposibilitado de disponer de parte de las reservas transferidas al Tesoro Nacional.
La magistrada atendió la presentación de los diputados Felipe Solá, Alfredo Atanasof y Graciela Camaño para declarar la inconstitucionalidad absoluta e insanable del nuevo DNU del Ejecutivo, mediante el cual se creó el Fondo del Desendeudamiento Argentino (FDA), que afecta US$ 4.382 millones para cancelar la deuda con acreedores privados.
Mediante ese y otro decreto, el Gobierno pasó a disponer el lunes de US$ 6.569 millones para pagar deudas, un importe similar al DNU 2010 que derogó ese mismo día la Presidenta.
Ayer, otro grupo de legisladores de la oposición le pidieron a la Corte Suprema intervenir ante la nueva jugada kirchnerista para insistir en el uso de reservas del Banco Central para el pago de deuda pública. Los diputados Federico Pinedo (Pro), Patricia Bullrich (CC), Alfonso Prat Gay (CC) y Juan Carlos Vega recordaron que la Justicia federal en lo Contencioso Administrativo les reconoció el derecho a bloquear el uso de reservas para el pago de deuda mientras el tema no se discutiera en el Congreso.
Los legisladores opositores dijeron a la Corte que el oficialismo, con el nuevo decreto conocido el lunes, "pretende burlar" el derecho que les reconoció la Justicia y "se apartó del cumplimiento" de la orden judicial vigente.
Los cuatro diputados opositores también se presentaron en primera instancia, en el juzgado federal en lo Contencioso Administrativo a cargo de Liliana Heiland, para presentar como un "nuevo hecho" la anulación del decreto 2010 y el dictado del decreto 298, que creó el Fondo de Desendeudamiento y anuló el Fondo del Bicentenario.
