La investigación puso al descubierto que unas 50 familias entre cuyos miembros se cuentan uno o varios integrantes con diferentes tipos y grados de discapacidad, eran utilizados para estafar en decenas de miles de pesos mensuales a la Obra Social de los trabajadores del Estado bonaerense.

Un falso abogado, a través de la vía del amparo o del trámite de excepción, solicitaba prácticas medicas de fisioterapia, acompañamiento terapéutico, entre otras, como así también equipamiento, sillas de ruedas y prótesis varias en medidas y cantidades que los excedían y que nunca llegaban a estos afiliados.

Esto se lograba mediante el accionar de una persona que decía, ante estas familias, ser abogado y pertenecer a una supuesta “Fundación de ayuda al Discapacitado”, que a través de engaños en algunos casos y amenazas en otros lograban obtener la firma de un poder para gestionar pensiones graciables y beneficios ante IOMA.

Para ello contaba con la anuencia y en algunos casos con la complicidad de abogados, médicos, acompañantes terapéuticos y otros prestadores con los que orquestaba la presunta estafa.

Hace dos años comenzaron las sospechas en la Dirección de Relaciones Jurídicas del IOMA, a partir de presentaciones provenientes de las delegaciones de San Miguel, Malvinas Argentinas y José C Paz de un gran número de trámites de excepción y recursos de amparo que tenían idénticos encabezados y estaban firmados por el mismo abogado, médico prescribiente, kinesiólogo, terapista, etc.

Cuando en el mes de Junio de 2009 asume en funciones Leandro Martín en la Regional San Isidro se intensifica la investigación y se comienza a tomar contacto con diferentes prestadores y profesionales que desconocen sus firmas en los expedientes.

“Este individuo que estamos investigando había logrado establecer un puente entre los afiliados y nosotros. Ni estas personas podían acceder a IOMA ni nosotros acceder a los afiliados. A partir del abuso de la confianza, el engaño y en algunos casos la amenaza, accedía a la firma de un poder que lo habilitaba a tramitar prestaciones y equipamientos en sumas que todavía estamos terminando de evaluar, y esto nunca terminaba de llegar a estas personas con el consiguiente perjuicio para la obra social”, explicó Martín.

“Afortunadamente, también contamos con el inestimable apoyo de la intendencia de Malvinas Argentina para profundizar la investigación y desbaratar esta maniobra”, agregó.

Algunos testimonios que obran en el expediente administrativo dan cuenta que este hombre, padre también de un discapacitado, llegaba a reunir en el garage de su casa hasta 40 familias de discapacitados que eran engañados y a los que se les prometía obtener los beneficios de la Obra Social.

Lo describen como un hombre carismático que parecía conocer los pormenores legales y administrativos del Instituto, como así también la problemática de la discapacidad.

Como muestra de las prácticas en las que se utilizaba vilmente las carencias y necesidades de estas familias, da cuenta uno de los trámites de excepción presentados por la inescrupulosa maniobra en que se solicitaba una cama ortopédica para una paciente discapacitada, la tercera en el término de un año.

Otra afiliada según se explica en el expediente no podría haber recibido en el tiempo material establecido las sesiones de kinesiología prescriptas en un falso pedido.

También obran en las fojas del expediente horas computadas a acompañantes terapéuticos que no realizaban el trabajo y en algunos casos ni siquiera habían firmado la conformidad de la práctica.

Se encontrarían también firmas apócrifas de médicos, protesistas y afiliados discapacitados en trámites presentados en la Obra Social.

Se resolvió hacer una auditoria conjunta entre IOMA Central y la Región V, en ella se detectó que los pacientes, en primer lugar, no habían recibido ni las practicas ni los equipamientos que habían sido solicitados al IOMA; y por otra parte desconocían a los médicos prescribientes y prestadores que firmaban las solicitudes. En algunos casos los propios prestadores denunciaron que les fueron falsificadas las firmas.

Cuando el presunto responsable de la estafa descubrió que se estaba llevando a cabo la auditoria, instruyó a personas de su entorno que intimidaron, amenazaron y sustrajeron teléfonos celulares y otros elementos a las autoridades del Instituto que se encontraban en Malvinas Argentinas en la casa de uno los afiliados damnificados.

Inmediatamente se realizó una denuncia por amenazas y robo en la comisaría de la jurisdicción. Por otra parte desde la Dirección de Relaciones Jurídicas continúa trabajando en la investigación administrativa para llevar el expediente a la instancia judicial.

Por último el director de la regional San Isidro, explicó que este caso se da a conocer a la sociedad para alertar a los afiliados que no necesitan de ningún intermediario para realizar trámites ante la obra social. “Es importante que estén atentos para no ser engañados por inescrupulosos que utilizan situaciones complejas de la gente y abusan de su confianza”, concluyó.