En representación de Beatriz Rial, madre de Ferreyra, los abogados Maximiliano Medina y Alberto Bovino (del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS), aplicaron igual calificación al segundo de Pedraza en el gremio, Juan Carlos "Gallego" Fernández, al exponer en la primera audiencia de alegatos.

Los querellantes sostuvieron que Pedraza y su segundo "idearon un plan y articularon la convocatoria del grupo de choque" congregado por el delegado Pablo Díaz entre "otros delegados de los talleres de Remedios de Escalada", y que cometió el crimen.

Los abogados consideraron probado que el móvil fue “mantener la hegemonía política y económica a costa de los tercerizados”, ya que aunque en la protesta agredida no había más de 120 empleados en esa condición, su ingreso "les abría la puerta a otros 1.500 trabajadores" precarizados.

“La Unión Ferroviaria actuaba como una virtual gerencia de recursos humanos en el ferrocarril Roca”, por lo que la pretensión de los tercerizados de ingresar a la planta estable de la UGOFE (Unidad de gestión Ferroviaria) que administraba el ramal, “ponía en riesgo este sistema”.

La familia del joven militante del Partido Obrero, baleado cuando apoyaba esa protesta, ocupó hoy la primera audiencia de alegatos en este juicio con 17 acusados que se desarrolla ante el Tribunal Oral Criminal 21 en los tribunales de Comodoro Py, 2002, en el barrio porteño de Retiro.

Ademas de Pedraza y Fernández, están siendo juzgados ocho integrantes de un “grupo de choque” que respondia al plan de la cúpula del gremio ferroviario y cometieron el asesinato y balearon a otros tres manifestantes, cuyos patrocinantes alegarán en la próxima audiencia.

También hay siete policías acusados de “abandono de persona” por no impedir que se concretara la agresión, entre ellos el comisario Hugo Lompizano, que hoy presenció la audiencia en condición de detenido luego de haberse ausentado la semana por vacaciones.

Al cabo de la audiencia, el TOC21 determinará si debe permanecer en esa condición hasta el fin del juicio, en el que podría recibir una condena de hasta 15 años de cárcel.

Pedraza manejaba al menos dos cooperativas que tenían a cargo tercerizados ferroviarios, y ello fue un "negocio que proliferó" en la UGOFE, dijeron los abogados al sostener que “el gremio, lejos de acompañar el reclamo de tercerizados (pase a planta permanente), quería licuar el conflicto y aducía que las protestas eran protagonizadas por personas ajenas al ferrocarril".

"El homicidio de Ferreyra fue a 300 metros de las vías y cuando se retiraba, evitar el corte de vías era una fachada", remarcó el querellante, para quien el verdadero motivo fue "confrontar" con los tercerizados y "aleccionarlos”.