Por Maximiliano Montenegro en Diario Crítica de la Argentina

EL REVÉS DEL DISCURSO

Las alianzas del Gobierno en el sector alimentario son otro buen ejemplo de pragmatismo, despojado no sólo de ideología sino también de un plan agropecuario.

Cierra trato con las cerealeras multinacionales y un puñado de molinos harineros, que se quedan con parte de la renta de miles de productores trigueros. Socorre a las dos empresas que concentran el mercado lácteo y desatiende a miles de tamberos que resisten frente a la soja. Pide ayuda a los grandes frigoríficos exportadores, que aprovechan las bajas del ganado en Liniers, que no llegan a los mostradores para ampliar sus márgenes de ganancia. Se apoya en cuatro supermercados y un selecto club de empresas alimentarias que acaparan desde el mercado de galletitas y yogures hasta el de la cerveza. Y, en lugar de preguntarse si esos mercados oligopólicos no serán parte del problema, los fortalece.

Según un estudio de la consultora Ecolatina, durante el último año, el Gobierno distribuyó 1.502 millones de pesos en subsidios a la agroindustria, a cambio de mantener los precios de algunos productos esenciales. Cinco molinos recibieron la mayor parte de los 366 millones derivados al sector; las dos lácteas (Sancor y Mastellone), otros 319 millones; las aceiteras (destacándose por lejos General Deheza, del senador Roberto Urquía), 279 millones, y un grupo de compañías faenadotas de pollos, 250 millones. En veinte empresas se concentra el 81% del total de subsidios. El resto se repartió entre tamberos (6% del total), chacareros del trigo (5,9%) y los establecimientos de engorde vacuno en corral (4,6%).

Para un gobierno que pretende diversificar la producción agrícola, la asignación no parece muy equilibrada. De más está decir que en cada una de las agroindustrias subvencionadas los precios aumentaron casi tan rápido como los desembolsos estatales. La cuenta se acrecienta velozmente porque todos los días aparecen en el Boletín Oficial nuevos pagos.