Como es sabido, este jueves la Cámara de Diputados rechazó los artículos del Presupuesto 2026 de Javier Milei que pretendían derogar las partidas para Discapacidad.

Horas antes, sabiendo de ese posible escenario el Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, presentó ante la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, una apelación al Amparo Colectivo al que dio lugar el Juez Federal de Campana Adrián González Charvay, mediante el cual se obliga al Estado a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La disposición del Doctor Charvay establece la nulidad de una maniobra intentada por Javier Milei para no dar lugar a esta Ley cuyo veto rechazó el Congreso: El Presidente, sabiendo que ya no la podía vetar, intentó suspenderla por argumentos presupuestarios.

El Juez de Campana aseguró, respondiendo al Amparo de padre de niños con discapacidad, que esto era nulo e inconstitucional, ya que se trataba de una especie de veto encubierto.

Esta decisión es la que, el jueves pasado, el Gobierno Nacional apeló ante la Cámara Federal de San Martín, intentando una doble jugada.

La primera, es que en cuanto el recurso se encuentre presentado, la Cámara decida poner en una especie de stand-by (en términos coloquiales) y ganar tiempo sin aplicar la Ley.

Esta jugada le salió mal, ya que la Cámara dio lugar a la apelación pero con efecto devolutivo, es decir que le aceptó el inicio del trámite pero sin suspender la resolución de Charvay.

La segunda, claramente, es que la Cámara de lugar al recurso. Esto es dificil, ya que los argumentos de los letrados que representan el Amparo Colectivo son rotundos: al estar rechazado por el Congreso el veto, al presidente no le queda otra que aplicar la Ley.

Sin embargo, esta semana se verán movimientos en esta segunda instancia a la que recurrió el gobierno, ya que Castro Videla deberá presentar sus argumentos a favor de la apelación antes de fin de año.

QUÉ ARGUMENTOS DARÁ EL GOBIERNO.

Según el Gobierno, cubrir los gastos previstos en esa Ley  «implicaría cerrar todos los juzgados federales del país, suspender el patrullaje de las fuerzas policiales federales y dejar de alimentar a los encarcelados en las unidades penitenciarias federales entre muchos otros efectos irremediablemente dañinos para la nación argentina».

En un argumento que clara -y obscenamente- intenta tocar una fibra en el Poder Judicial, Castro Videla espera marcar un diferencial ante el mal desempeño en primera instancia.

El Gobierno también aseguró que no hay una regresividad de derechos, ya que la cobertura está en vigencia, y que existe un planteo de inhibitoria pendiente ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, que pretende unificar el caso con otro expediente que tramita en esos tribunales.

Todas estas cuestiones serán puestas sobre la mesa, esperando que la Cámara de San Martín de lugar al amparo, si bien desde el mismo Gobierno temen que esta posibilidad es muy pequeña.