Cada día de clases perdido, es una oportunidad menos para el futuro. La educación es el fundamento básico para la construcción de cualquier sociedad. Es en la escuela donde se producirá el mayor impacto en su educación. Sin educación los niños no se forman, ni aprenden, ni se desarrollan como ciudadanos.

Durante el año 2020 y gran parte del 2021 quedó claramente en evidencia el perjuicio que el cierre de las instituciones educativas representó para el aprendizaje de los niños y jóvenes, así como para su salud mental. Que nos sirva de experiencia para no cometer otra vez los mismos errores. No podemos perder ni un solo día más.

El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación de los chicos, es por eso que insistimos en “declarar la educación como servicio estratégico esencial, para garantizar el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo de todos los niveles de enseñanza”.

En 2008, Ecuador reformó su Constitución Nacional incorporando a la educación como servicio público, prohibiendo por ende su paralización, fundamentándola ​​en que la suspensión de las clases perjudica la continuidad de la educación de los estudiantes, y eso representa la violación de un derecho humano fundamental. Es imprescindible que, más allá de los justos reclamos docentes, los líderes sindicales no puedan volver a utilizar a nuestros hijos como rehenes.

La educación es la herramienta concreta para erradicar la pobreza y el hambre. Es urgente implementar políticas públicas que eliminen las barreras para el aprendizaje y la futura incursión al mercado laboral de los chicos, en especial, de aquellos que se encuentran en mayores situaciones de vulnerabilidad.

Y esto no puede estar teñido de banderas políticas e ideológicas, tenemos que estar todos de acuerdo, oficialismo y la oposición en defender el derecho a educarse de nuestros niños. Transformar la educación en una política de Estado no es un triunfo ni para el gobierno ni para la oposición, sino para los chicos, para su futuro, y para el futuro de todo nuestro país.