Se pueden decir muchas cosas de lo que ha pasado estos días en la provincia de Buenos Aires. Pero hay una que está fuera de discusión: el sistema educativo está a la deriva.

Empecemos por el final. Scioli anunció ayer desde Alemania que vetará la ley que incorpora al Estatuto Docente y les garantiza empleo y estabilidad de por vida a personas que no son docentes y que no son otra cosa que activistas políticos.

La militancia como diploma para estar frente al aula

La ley fue impulsada por la mujer del piquetero Luis D’Elía y respaldada por los propios legisladores de Scioli, apenas cinco sobre un total de 138 entre las dos Cámaras. Esto explica el veto aunque al veto lo explica mucho mejor el escándalo que produjo la ley.

Hay otras cosas que no tienen explicación o que la tienen sólo en el mundo Scioli. Una es que sus legisladores voten en contra de lo que él piensa.

Otra es que su ministra de Educación se entere de semejante ley por los diarios.

Entre paréntesis: Nora de Lucía, la ministra, no es educadora sino economista. Es una experta en liquidación de salarios. De eso se ocupaba en el Ministerio de Economía provincial. Después fue senadora y presidente de la Comisión de Presupuesto. Scioli la llevó a Educación para controlar los gastos que se habían desmadrado en la connivencia de años con los sindicatos. La tercera parte de todo el Presupuesto bonaerense va a Educación y de eso, casi todo va a salarios.

Conclusión: Scioli eligió a alguien que sabía de plata y de negociar con los gremios y no de educación.

Así se explica que Scioli y de Lucía también se enteraran tarde de que la Provincia había adelantado para mañana el asueto por el Día del Estudiante que cae el domingo. Metieron la marcha atrás cuando advirtieron que los chicos ya acumulan sin clases casi 20 de los 180 días del calendario.

Dicho de otro modo: un mes.

Tan grave como meter por la ventana a maestros que no son maestros sino militantes fue que Scioli y De Lucía se desayunaran con que la Provincia había adherido a una recomendación del Consejo Federal para eliminar los aplazos y hacer pasar de grado a los que saben y a los que no saben.

Es posible discutir la validez de los aplazos y la repitencia porque hay chicos que necesitan más tiempo que otros para aprender. Dicho de otro modo: si sirven o son un castigo. Pero en todo caso es un debate pedagógico que debe darse como parte de un debate mayor: cómo hacer funcionar un sistema que no funciona. Así aislada, no significa ningún cambio sino una señal más de una escuela pública desarticulada y en retroceso.

El problema es que todo consista en una manera de contrabandear ideología. Igual que convertir militantes que no son docentes en docentes cuando se termina el ciclo kirchnerista.