Con su demanda, que recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de La Plata a cargo de Luis Arias, el organismo reclamó que quede sin efecto, hasta que no se resuelva la cuestión de fondo, la resolución del Ministerio de Infraestructura provincial que dispuso nuevas subas en el valor de la energía eléctrica.

En su presentación, la Defensoría denunció que este incremento provoca serias afectaciones, al no haberse respetado el derecho constitucional al resguardo de los intereses económicos de los consumidores. Además, indicó que no se demostró correlación entre los ingresos medios de las familias y el aumento.

A su vez, cuestionó que el aumento de la tarifa prevea un importe a cuenta de la ejecución de obras futuras. Este ítem hace que el incremento tenga carácter de tributo que, como todo impuesto, tiene que ser determinado por ley.

El otro considerando en el que se basó la presentación judicial de la Defensoría tiene que ver con que no se tuvo en cuenta lo que expresó el Defensor del Pueblo en las audiencias públicas para tratar estas subas.

Es que la aceptación o el rechazo de lo que se diga en estos encuentros, por más que no sean vinculantes, tiene que quedar de manifiesto en los considerandos del aumento, circunstancia que en esta oportunidad se pasó por alto, lo que hace que la audiencia sea considerada nula.

“Vamos a la Justicia para frenar esta suba porque, en un contexto en que los consumidores deben enfrentar desde hace tiempo aumentos en todos los servicios, nos oponemos a una nueva medida con puntos tan cuestionables y que suma complicaciones a los bonaerenses”, sostuvo Lorenzino.