La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno de Javier Milei y dejó firmes las medidas cautelares que obligan al Estado nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión representa un nuevo revés judicial para el Ejecutivo en el conflicto que mantiene con las universidades nacionales.

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó la presentación del Gobierno al considerar que el recurso no estaba dirigido contra una sentencia definitiva, por lo que las cautelares continúan vigentes.

La resolución obliga al Poder Ejecutivo a aplicar los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales, además de garantizar la recomposición del fondo de becas estudiantiles.

La causa fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), luego de que el Gobierno intentara suspender la aplicación de esos artículos mediante el Decreto 759/25. Con la decisión de la Corte, el máximo tribunal dejó sin efecto esa estrategia judicial y mantuvo la vigencia de las cautelares mientras continúa el proceso de fondo.

Desde el ámbito universitario celebraron el fallo. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, afirmó que «luchar por lo correcto siempre vale la pena», mientras que el presidente del CIN, Franco Bartolacci, destacó la importancia institucional de la resolución y el respaldo obtenido por el sistema universitario durante el conflicto.

En cuanto al impacto económico, los gremios docentes sostienen que, pese al incremento salarial del 24,33% anunciado recientemente por el Gobierno, la aplicación plena de la ley implicaría una recomposición adicional cercana al 30% para recuperar el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023.

El fallo representa un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas, luego de meses de movilizaciones, reclamos por mayor presupuesto y debates sobre el financiamiento del sistema de educación superior.