La Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió al juez federal de Quilmes, Luis Armella, que brinde explicaciones en un plazo de cinco días acerca de las afirmaciones de un artículo periodístico que lo vincula a presuntas irregularidades en el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Además le encargaron a la Auditoría General de la Nación (AGN) que a la brevedad realice un informe sobre la posible relación del magistrado con empresas a las que se les asignaron contratos millonarios para obras de saneamiento, algunas de las cuales contarían con familiares y allegados suyos en sus directorios, según la nota publicada en el diario Página/12.

La resolución de la Corte fue adoptada a raíz del artículo publicado el domingo con la firma del periodista Horacio Verbitsky, en el cual denunció que el juez ordenó "obras complejas en plazos perentorios", benefició con "contratación directa" a empresas supuestamente vinculadas con familiares y "clausuró empresas competidoras", llegando a pagar el doble de lo normal: “Las obras ya emprendidas o a realizar por ese grupo de empresas ascienden a 250 millones de pesos. Los precios que cotizan y que la Acumar acepta hasta duplican los de mercado.”

Dos posturas despertó esta nota en la Corte. Según fuentes cercanas, ambas coincidían en que el máximo tribunal "no podía permanecer impávido ante la denuncia pública", pero mientras una priorizó la posibilidad que Armella brinde explicaciones, otra a cargo del magistrado Enrique Petracchi se inclinaba por suspenderlo de la causa, iniciada a finales de 2006. Finalmente prevaleció la primera.
El artículo describe una secuencia en la que "el juez intima a la Autoridad de la Cuenca bajo apercibimiento de graves sanciones a realizar diversos proyectos en plazos perentorios”. Invocando estas resoluciones, la ACUMAR (Autoridad de Cuenca, el organismo encargado de llevar a cabo las obras, conformado por Nación, provincia, Ciudad de Buenos Aires y 14 municipios del Conurbano) “elude la licitación y las obras son realizadas por las empresas próximas al juez que las ordena", denuncia.

Una de las firmas nombradas es la sociedad “San Martín 264 Bernal SA”, que se constituyó el 24 de febrero de este año en la Ciudad de Buenos Aires “con un capital de 30 mil pesos para realizar actividades inmobiliarias y de construcción”. Su presidente es el suegro de Armella (Francisco Alberto Groba), una de sus accionistas es su esposa, e hija del titular (Marina Laura Groba Martini), y otro socio es el tío de ella. Dos grupos familiares (los González y los Ojea-Aparicio), que junto con el abogado portugués Arturo Rodrigues da Silva integran esa sociedad anónima, son relacionados con otras como Gildin (también llamada Canteras del Sur), M&T, Tierras Provinciales, Vial Rogo Constructora y Kartonsec, que habrían hecho trabajos sobrevaluados y sin licitación, según el informe periodístico.

“Tengo tranquilidad de conciencia, como la tuve siempre, de poder presentar todas las cosas ante el único al que le debo explicaciones, que es la Corte. Todo tiene una explicación y sobra la documentación”, se limitó a señalar Armella a Tiempo Argentino, quien entre hoy y mañana haría su descarga ante el tribunal.
La nota menciona que en febrero, el “Ceamse contrató las obras con Canteras del Sur y M&T, que iniciaron la recomposición de 50 metros de talud por 4,6 millones de pesos, cuando el precio de mercado no pasaba de 2,8 millones”. Fuentes cercanas a la ACUMAR aseguraron a Tiempo que tanto San Martín 264 Bernal como Gildin “jamás trabajaron con la ACUMAR, no tienen ninguna vinculación”. Y agregaron: “Trabajamos muy bien con Armella, tenemos buena relación. Esperamos que se regularice la causa.”
El presidente de la AGN, Leandro Despouy, anticipó a este diario que le darán una respuesta positiva a la solicitud de la Corte relevando en estas semanas las obras publicadas, los procedimientos de selección e identificación de las empresas adjudicatarias y su integración: “La presentación periodística ha suscitado una fundada preocupación en la Corte, que ha sido prudente y responsable al pedir información antes de tomar una decisión, en este caso de carácter urgente. Son fondos nacionales de miles de millones de pesos.”

Fuentes judiciales reconocieron que “todos hablan bien de su trabajo y hay un buen nivel de ejecución de las obras” y que en caso de comprobarse, el caso generaría un trastorno en los trabajos ambientales que hasta el momento se están llevando a cabo: “La causa es muy grande, hace seis años que Armella la tiene, todo lo que se hizo en la causa lo hizo todo él. Apartarlo implica que el saneamiento se demore por lo menos un año.”
para qué sirve la acumar.

La causa por el saneamiento del Riachuelo comenzó en 2006, en base a un reclamo contra la Nación, la Provincia, la Ciudad y 44 empresas de 17 vecinos damnificados por la contaminación de la cuenca. En noviembre de ese año se creó la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), presidida por el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con representantes de los distritos involucrados y participación ciudadana, que debe medir y controlar el estado del agua y el aire, el traslado de la población, la utilización de elementos contaminantes por parte de las industrias y sus respectivos deshechos, la limpieza de basurales y márgenes del río, la expansión de la red potable y desagües pluviales, entre otros puntos. Según datos de ACUMAR, las firmas hasta hoy reconvertidas son 53, y otras 876 tienen planes de reconversión industrial. A su vez, 1392 establecimientos fueron declarados agentes contaminantes, y 276 fueron clausurados.