Por César Morielli

El accionar policial es cada vez más asfixiante para los trabajadores de la cooperativa Mecanizados Progresos, los empleados de la ex fábrica Bosch, devenida RBI, que busca ser vaciada por los empresarios Pablo Rojo y Marcelo Lenarduzzi. Los trabajadores afirman que los autodenominados propietarios de la fábrica no consiguen demostrar que las instalaciones les pertenecen, y además cuentan con el aval del Parlamento bonaerense que por unanimidad votó la expropiación de la firma para que pase a funcionar a manos de los trabajadores. La norma fue vetada por el gobernador Scioli y a las pocas horas fueron desalojados violentamente sin orden judicial.

Para colmo, mientras se desarrollaba la conferencia de prensa del martes pasado, el subcomisario Greco, de la seccional de la Policía Federal de San Martín, ingresó a las instalaciones de la sede de la CTA preguntando si se iba a realizar algún corte en día de la fecha. Adujo que sus superiores le informaron que habría una gran marcha al Ministerio de Trabajo y que había más de un centenar de efectivos apostados a la espera. Las risas pasaron a ser preocupación. ¿Por qué hay tanta vigilancia y ensañamiento hacia un grupo pequeño de trabajadores que jamás provocaron desmanes, y que tienen el aval de una ley votada por el Parlamento? Alguien esbozó la teoría del cobro de horas extras por parte de efectivos y un posible “kiosco” de algún comisario. Pero lo cierto es que las instalaciones de la fábrica siguen siendo custodiadas con gran cantidad de personal policial.

A pesar de todo, los cooperativistas denuncian las intenciones de vaciamiento de la fábrica y denunciar el oscuro pasado de los “empresarios” Rojo y Lenarduzzi. No comprenden como la policía y cierto sector del poder político los protege. Reclaman que se aclare cuál es el plan de trabajo para restituir las fuentes laborales y abonar los sueldos atrasados. Nadie da respuestas.

Esta semana, algunos diputados bonaerenses como Carusso, Eslaiman, Funes, Grana y Juárez se comprometieron a meter sobre tablas el rechazo al veto de Scioli, para que la ley antes votada se mantenga firme. “Si acompañamos antes, por qué no hacerlo de nuevo”, expresó el kirchnerista Funes. ¿Qué hará el sciolismo? Hasta ahora es una incógnita. Las bancadas opositoras acompañarán el pedido de los trabajadores.

“Nunca nadie declaró ilegal la presencia de los trabajadores en la fabrica. No hay usurpación ni ocupación ilegal”, dijo el delegado Gerardo Robbiano, que recordó las palabras de Lenarduzzi el día que fueron desalojados violentamente con la policía y barrasbravas armados: “Dijo que como la Justicia demoraba una definición entonces decidieron entrar”.

“Llama la atención que nadie pueda dar una explicación del violento desalojo y del accionar policial. No somos delincuentes”, agregó Robbiano. En la conferencia se vio a Rafael Soria, de Unidad Popular y a Alberto Aguilera, presidente de la Coalición Cívica-ARI de San Martín, que recordó que los trabajadores de la ex Bosch “no están solos, porque hay acompañamiento de muchos sectores políticos y sociales”.

Además, Robbiano defendió la planta y a sus compañeros: “Esta fábrica, sobre un millón de piezas elaboradas, sacaba 400 con fallas. El mismo proveedor, en España, sobre un millón de piezas sacaba 50 mil con fallas. Esta planta es orgullo y modelo en todo el país. Esto es lo que están destruyendo”.

El último capitulo de la zaga está aún fresco y no se conocen demasiadas novedades, pero volvió a encender las luces de alerta de los trabajadores. Alejandro Romero, tesorero de la cooperativa, recibió a personal policial el pasado miércoles. Su casa fue allanada con orden judicial por “difundir material obsceno”. Se llevaron su computadora, su teléfono y su cámara fotográfica. Todavía no se conocen demasiados detalles, pero la primer especulación es saber qué tipo de material tienen los trabajadores sobre las jornadas del desalojo, aunque es solo una hipótesis.