Energy Consilium, la consultora de Juan José Aranguren, cuestionó en duros términos la decisión del gobierno de Mauricio Macri de congelar por 90 días el precio de los combustibles sin acuerdo con las empresas, lo que consideró «un retroceso significativo» de la política energética.

La crítica del ex ministro de Energía de Cambiemos se suma a la de toda la industria petrolera y a la de los gobernadores de las provincias productoras, que preparan un amparo judicial para frenar la medida que golpea significativamente sus finanzas. Incluso, la estatal YPF espera pérdidas multimillonarias.

En un informe dado a conocer este martes, Energy Consilium que la medida impulsada por Gustavo Lopetegui «marca una alteración en la política de respeto a las reglas de juego» que impuso la gestión de Macri, una frase que no es otra cosa que un autoelogio de Aranguren. Pero además agrega que una medida de este tipo no se tomó en casi treinta años. «Es la primera vez desde la desregulacion de 1991 que se interviene formalmente y de manera directa en la fijación de precios del sector», apunta.

Tras destacar la importancia de la inversión continúa en el sector, el informe señala que «la dinámica observada en el pasado en la Argentina debería ser razón suficiente para tener extrema cautela en la implementación de medidas que puedan afectar el nivel de inversión sectorial» y recuerda los períodos de desinversión.

El trabajo de Aranguren insiste con sobresaltar su gestión y destaca que «en los últimos tres años se ha logrado un avance significativo en el desarrollo de una política energética moderna y sustentable» que logró «revertir la declinación en la producción de petróleo y gas natural». «Es por ello que consideramos que este DNU significa un retroceso significativo en términos de política energética», rematan.

«Es un desincentivo a la inversión en el sector que, de no ser prontamente subsanado en sede administrativa o judicial, generaría un precedente que será tenido en cuenta por los futuros inversores más allá de la duración de esta intervención; y los consumidores y contribuyentes, tarde o temprano, terminarán sufriendo las consecuencias», alerta Energy Consilium.

Aranguren agrega que la decisión «tiene un impacto significativo sobre la seguridad jurídica del sector» y se queja porque es el único al que el Gobierno que integró le «intervino los precios en perjuicio de los actores privados, en lugar de modificar la carga impositiva (como fue el caso de los productos de primera necesidad), o haciéndose cargo de las diferencias (como en el caso de los créditos UVA)». También remarca la baja de ganancias y de retenciones a las economías regionales, y se pregunta por qué no se congela el precio de otros productos para evitar los aumentos.

Finalmente, advierte que «tanto las demandas de inconstitucionalidad como los reclamos que puedan plantearse sobre la base de los tratados de protección de inversiones atarán a la industria en un conflicto legal que puede perdurar durante años como ha ocurrido luego de la Emergencia Pública que rigió la economía de nuestro país desde el 2002 al 2017».